Las organizaciones pro-transparencia Acces Info Europe y la Fundación Civio se han quejado este miércoles, día que entra en funcionamiento el portal de la transparencia, de que el Gobierno de Mariano Rajoy ponga trabas en el acceso a la información al exigir identificarse mediante un DNI electrónico o una clave personal a aquellos ciudadanos que formulen preguntas.
A su entender, este sistema ha ocasionado problemas por ejemplo en la declaración del IVA el pasado mes de enero y supone un obstáculo al ejercicio del derecho a la información. De hecho, destacan que el propio Consejo General del Poder Judicial recuerda que el acceso a la información «es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso».
La coordinadora de Access Info Europe, Victoria Anderica, considera que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que se aprobó en diciembre de 2013 «nace con una serie de carencias» y tiene un «alcance insuficiente». «La persistencia del doble silencio administrativo negativo y la exclusión de información considerada auxiliar (informes «internos», comunicaciones internas o entre organismos, resúmenes y opiniones) son dos ejemplos», ha señalado.
Pese a ello, Anderica ha reconocido que la Administración General del Estado tiene ahora la obligación de proporcionar «más información que antes». Por eso, ha animado a la gente «a pedir información, datos y a hacer preguntas». «Solo así sabremos si las instituciones respetan el derecho de acceso y se vuelven más transparentes», ha manifestado en un comunicado conjunto enviado por estas organizaciones pro-transparencia.
Por su parte, el responsable de Comunicación de la Fundación Civio, Javier Vega, se ha quejado de que el Gobierno no haya invitado a la sociedad civil a una reunión informativa sobre el portal de la transparencia, como sí hizo con la prensa. «Sigue habiendo muchas dudas sobre su contenido y su alcance ya que el reglamento, imprescindible para aclarar ciertos puntos, no está listo y llegará con muchísimo retraso», ha afirmado.
LABOR DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Ambas organizaciones se comprometen a colaborar con el Consejo de la Transparencia, (pese a que se quejan de que en este órgano regulador no está representada la sociedad civil) durante su labor de vigilancia de las obligaciones de transparencia institucional y correcto desarrollo del derecho de acceso.
Además, avisan de que ejercerán a lo largo de 2015 y con sus propios medios una labor continua de fiscalización sobre el cumplimiento de la ley. «Porque, insistimos, la implementación de la ley no puede seguir haciéndose de espaldas a la ciudadanía», han avisado.
EUROPA PRESS
