Así defiende en una entrevista a Servimedia pocos días después de asumir su nueva responsabilidad que las escuelas católicas “forman parte de la pluralidad de la sociedad” y que se revindican como garantía “para que las personas con menos recursos accedan a una educación con unos valores y un proyecto educativo” católico que “sería imposible en la enseñanza privada”.

Este profesor “hasta hace una semana” con experiencia docente y de gestión en los Trinitarios de Córdoba extrapola esa reivindicación no sólo para justificar la labor de los 2.000 centros a los que representa, sino en defensa del derecho a la educación de 1.200.000 alumnos de toda España.

“Estamos preocupados por la financiación, no sólo porque nos llegue menos a nosotros, sino a todos”, asegura, en referencia a los estudiantes de los colegios públicos. La necesidad de esa inversión, explica, es importante para que se “modernice” la educación en España. “Necesitamos un pacto social y político, que siempre prometen todas las fuerzas políticas” y también afrontar la vuelta a las aulas con el Covid-19.

“Va a ser una constante, esperemos que sea sólo un curso. El reto no es cómo comenzarlo, sino cómo acabarlo”, apunta mientras espera una reunión con la ministra de Educación y Formación Profesional.

“Escuelas Católicas representa un 15% del sistema educativo, un porcentaje bastante importante. Hay que escuchar también a esos 1.200.000 alumnos, que también son receptores de derechos”, argumenta a Servimedia el nuevo secretario general de la organización, que también cuenta con 103.000 trabajadores, de los que más de 83.000 son profesores.

INMIGRANTES

Pero Huerta añade que la red concertada, en la que se incluye buena parte de los colegios católicos es “reflejo de la sociedad” por otras cuestiones. “El 14% de los inmigrantes están en la concertada”, apunta.

“Si no tenemos un porcentaje mayor, aunque no son los únicos alumnos vulnerables que hay, no es porque no queramos, sino porque el mismo sistema de selección y reparto de plazas así lo hace. Hay una serie de ayudas que no forman parte del módulo de concierto y que dificulta que muchas familias no puedan recurrir a apoyos, por ejemplo, de comedor o transporte. Lógicamente no es porque nosotros no queramos tenerlos”, expone.

El secretario general de Escuelas Católicas recuerda en este punto un informe del Instituto de la Familia de la Universidad de Comillas que asegura que la red concertada católica tiene a un 7,1% de las familias en paro, cifra similar, e incluso inferior a otros ámbitos educativos. “No queremos entrar en una guerra de cifras”, zanja, “seguimos reclamando que todas las familias tengan su derecho a elegir centro, sobre todo las familias con menos recursos. Nuestros centros son un reflejo de la pluralidad de la sociedad española. Están en barrios de renta más elevada, de menos y en lugares marginales. Son un reflejo exacto de la pluralidad de la sociedad. Están repartidos en todos los espacios de la sociedad”.