El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió este martes que en el caso de que el Ejecutivo no consiga un acuerdo que le permita aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, “mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve acortada”.
Así se expresó Sánchez en su intervención en un evento organizado por ‘The Economist’ en Madrid, donde aseguró, sobre la convocatoria de las elecciones, que “las haré cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país”.
En cuanto a la negociación de los Presupuestos, reprochó al PP y Ciudadanos que “no quieren saber nada” y a los independentistas que “están planteando exigencias que no tienen que ver con los Presupuestos y que son imposibles de asumir por cualquier presidente del Gobierno, ya que intentan judicializar la política”.
Además, criticó al PP y a Ciudadanos por estar “en campaña electoral permanente”, en la que, según el presidente, “están anteponiendo intereses partidistas a los intereses generales”.
Sobre Cataluña, reiteró su rechazo a convocar un referéndum de autodeterminación, porque “solo sirven para segregar, dividir, fragmentar y nunca para unir”, y añadió que “el problema no es la independencia, es la convivencia”.
En esta línea, apuntó que “todos ya sabemos el resultado”, ya que según su estimación el apoyo al independentismo se sitúa entre el 42 y el 43% de los catalanes. Como contraposición, explicó que su objetivo es forjar “un acuerdo que represente al 60 o al 70% de la sociedad catalana” en base al Estatuto y la Constitución.
Para Sánchez, existe “una minoría mayoritaria intentando imponer su proyecto político a una mayoría que reiteradamente ha dicho que no a la independencia”, por lo que pide al presidente de la Generalitat, Quim Torra, “forjar un consenso dentro de Cataluña”.
Por otro lado, preguntado por la Constitución, mostró su disposición a reformarla. “Tenemos una gran casa que necesita algunas reformas después de 40 años”, y porque “la España de 2018 no es la de 1978”, sostuvo.
En concreto, se refirió a la revisión de los aforamientos, que espera llevar a las Cortes antes de que concluya el año; la definición de “las personas de distintas capacidades”, porque la terminología actual no está reconocida ni asumida por ese colectivo, o la reforma del Senado ante su “inutilidad en el momento actual para dirimir y dilucidar debates territoriales”.
