La discapacidad organizada, aglutinada en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha ofrecido hoy, durante el desarrollo de la jornada ‘La discapacidad en el nuevo espacio socio-sanitario’, sus aportaciones para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad en la atención social y sanitaria y conseguir así un adecuado modelo socio-sanitario inclusivo, que esté centrado en la persona para garantizar su calidad de vida.
Durante la jornada la secretaria de Organización de Cocemfe, Roser Romero, habló de la «falta de voluntad política» a la hora de poner en marcha un modelo socio-sanitario, mientras que el director de Fedafe, Valeriano García, remarcó que dicho modelo debe focalizarse en la persona y en su calidad de vida.
Justo Herranz, representante de Feder, planteó propuestas específicas para las personas con enfermedades raras (mapas de unidades y rutas de derivación, trabajo interdisciplinar, coordinación entre centros hospitalarios y centros de atención temprana, registro de pacientes y la inclusión educativa); y, por su parte, el presidente de Aspace Madrid, Francisco Valdivia, apostó por un modelo de atención personal e integrador y propuso acciones concretas como la creación de un sistema de ventanilla única especializada en discapacidad, la coordinación entre los distintos agentes, la puesta en marcha programas de cuidados paliativos o el establecimiento de protocolos de actuación para emergencias.
La directora general de Predif, Elena Ortega, afirmó que «estamos muy lejos» de un modelo socio-sanitario» y necesitamos, en su opinión, mejorar la eficacia y eficiencia del sistema adaptándose siempre a las necesidades de las personas. En representación de Fiapas, Irene Patiño se refirió al caso de las personas con discapacidad auditiva, cuya coordinación socio-sanitaria «debería implantarse desde su detección», al mismo tiempo que reclamó la adaptación protésica, la intervención logopédica o la accesibilidad en la comunicación, entre otros.
La directora gerente de la CNSE, Marisol García, incidió en tres medidas que considera necesarias: la creación de centros de referencia en las Comunidades Autónomas, la evaluación de la situación social de la familia de la persona con discapacidad, y el impulso de la colaboración entre las personas sordas, servicios sociales y educativos, las familias y las entidades de la discapacidad.
Por último, por parte de Feaps, Javier Tamarit, apostó por un modelo socio-sanitario centrado en la persona, en la familia, y en su vida en la comunidad, así como por la necesidad de la formación y la innovación.
En lo que respecta a la gestión del espacio socio-sanitario, el director general de Personalia (Grupo Fundosa/Fundación Once), Pablo Martín, afirmó que es un campo «todavía no resuelto», y, en este sentido, manifestó que los recortes y las políticas de austeridad «pueden perjudicar la efectividad y la calidad de vida de los servicios socio-sanitarios, encareciendo los costes de atención futuros».
Para Martín, es «urgente» la creación de un sistema de acreditación modular, que diferencie los distintos programas y niveles de atención; así como un sistema de evaluación y control basado en la medición de resultados exigibles, en lugar del control de las condiciones mínimas para la prestación de servicios.
En este sentido, añadió que es necesaria la colaboración público-privada y un desarrollo tecnológico, que tiendan hacia una atención cada vez más centrada en la persona, que prioricen las intervenciones preventivas y rehabilitadoras, y donde las personas atendidas y sus cuidadores jueguen cada vez un papel más importante.
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, valoró por su parte el Plan socio-sanitario que prepara el Gobierno y alertó sobre el hecho de que no ha contado entre su grupo de expertos con trabajadores sociales. «El plan es excluyente y perjudica la existencia de equipos multiprofesionales de carácter bio-psico-social», manifestó.
En opinión de Lima, este Plan encubre la privatización de la atención a la dependencia. Según afirmó, la integración de Sanidad y Servicios Sociales supondrá integrar la cartera de servicios de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia con las camas hospitalarias de media y larga estancia, que dependen de Sanidad.
La presidenta mostró, asimismo, su preocupación por que el plan vaya a dar más peso a la empresa privada y a las aseguradoras, y criticó que «se antepongan los criterios económicos a la verdadera necesidad».
Fuente: Servimedia
