El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid comunicó hoy el desbloqueo de la entrega de los 34 millones de euros que la compañía aérea tenía pendiente de recibir del rescate. El magistrado considera que no hay indicios de que se haya producido ningún delito en la operación de rescate y destaca que si no llegara el dinero a la aerolínea se podría generar un «perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado».

En un comunicado difundido horas después de esa decisión, Plus Ultra confirma que ha recibido la notificación oficial de la resolución, “que reconoce que ‘es cierto’ que, por el momento, ‘no hay el más mínimo indicio’ de los delitos que denuncian tanto el PP como Vox”.

Plus Ultra subraya también que la sentencia reconoce que la compañía ha acreditado la necesidad de obtener este segundo tramo de la financiación. “El auto judicial dictado considera que se han comprobado por los asesores de SEPI el cumplimiento de los requisitos para acceder a la financiación y finalmente reconoce la existencia de mecanismos de control suficiente para comprobar el correcto uso de los fondos públicos”, afirma.

Fernando García Manso, presidente de Plus Ultra, expresó su satisfacción por las decisiones tomadas no solo por este Juzgado sino también por la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo. “Las compartimos y creemos que la resolución que hoy hemos conocido es un paso fundamental en el camino que estamos siguiendo para demostrar toda la manipulación, las falsedades y los ataques que están sufriendo, no sólo la compañía, sino también nuestros empleados, socios y accionistas, a quienes queremos agradecer su enorme dedicación y compromiso en estos difíciles momentos”.

“Gracias a ellos, hasta la irrupción de la pandemia, éramos la aerolínea de bandera española que más estaba creciendo en el mercado con un 47% de incremento de la facturación -seguida muy de lejos de la segunda- y la que más cuota de mercado estaba ganando en las rutas a Latinoamérica, el mercado más importante para las aerolíneas que operan en España”, asegura.

Todo ello, argumenta, «demuestra nuestro potencial y la calidad de servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Una vez más, pedimos que se nos deje de utilizar en una batalla política con la que no tenemos nada que ver, y que está generando daños muy graves e injustos para la reputación de la compañía, de sus empleados y de algunos de sus miembros y/o accionistas”.