El PP y Vox van a recurrir la decisión de la Mesa del Congreso de dar luz verde a la tramitación de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía registrada por el PSOE, y lo harán mediante la presentación de un escrito de reconsideración que previsiblemente será rechazado por el órgano de gobierno de la Cámara, lo que ya les dejará vía libre para acudir al Tribunal Constitucional.

En su reunión de este martes, la Mesa de la Cámara Baja ha calificado esa proposición con los votos a favor del PSOE y Sumar y el rechazo del PP, todo ello después de que el informe jurídico de los letrados del Congreso recalcara que el texto no presenta una «contradicción palmaria» con la Constitución que motivara su veto.

Sin embargo, en rueda de prensa en el Congreso, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha cuestionado el informe preparado por los servicios jurídicos de la Cámara porque entiende que lo que hace dos años era «claramente inconstitucional», en referencia al rechazo la Mesa de la Ley de Amnistía presentada por ERC, lo es ahora dos años después dado que la Carta Magna no ha cambiado.

«LA IMPUNIDAD POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIONALIDAD»

«El PP sigue estando en el mismo sitio», ha subrayado Gamarra, incidiendo que es el PSOE el que ha cambiado de postura sabiendo que la aprobación de la Ley de Amnistía es la «condición» que el expresidente catalán Carles Puigdemont y ERC han puesto encima de la mesa para que Sánchez siga de inquilino en La Moncloa. «Para ellos la impunidad está por encima de la constitucionalidad», ha apostillado.

Es por ello que el PP, según ha anunciado Gamarra, presentará «de inmediato» un escrito para que la Mesa reconsidere su decisión de dar luz verde al debate de la proposición de los socialistas no sólo ya porque no comparten su contenido sino porque esta tramitación está «viciada» y únicamente se lleva a cabo «por la conveniencia de Sánchez».

Quien ya ha registrado su escrito de reconsideración ha sido Vox, que denosta que la Mesa haya admitido una Ley de Amnistía que ve «inconstitucional» y cree un «fraude de ley». En su momento, esta formación ya anuncio que si esa vía para revocar la calificación no prospera, presentarían hasta 33 recursos de amparo ante el Constitucional, uno por cada uno de los miembros de su grupo parlamentario.

Este escrito de reconsideración se enmarca en las iniciativas que Vox impulsa contra la ley de amnistía y, entre ellas, los de Abascal también han anunciado querellas por presunta prevaricación contra los letrados que han avalado la tramitación de la proposición de ley y contra miembros de las Mesas del Congreso y Senado que admitan a trámite la iniciativa. Del mismo modo, han dirigido sendas cartas a las Mesas de las cámaras instando a la inadmisión de la misma, entre otras actuaciones.

CRITERIOS «OPORTUNISTAS»

En declaraciones en el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha recalcado que la amnistía a los implicados en el ‘procés’ «no tiene cabida» en la Carta Magna, y ha recordado que la Mesa ya rechazó por inconstitucional un indulto general en 2021. Por tanto, ha resumido, «el cambio no obecede a criterios legales, sino únicamente oportunistas por parte de un Gobierno que está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder».

Por otra parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha censurado que la Mesa del Congreso no haya «desestimado» este martes el escrito de recusación que su formación planteó este lunes contra el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, para que no pudiera emitir informe ni asesorar al órgano de gobierno sobre la tramitación de la Ley de Amnistía.

Según los ‘populares’, Galindo está ‘contaminado’ para intervenir en este proceso porque hasta el pasado mes de octubre fue subdirector del Ministerio de Política Territorial y hasta la misma fecha, su esposa, la también letrada de Congreso Mercedes Cabrera, era alto cargo en Moncloa y mano derecha del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

Fuentes ‘populares’ se han quejado de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no actuara este lunes ante su petición de recusación contra Galindo y que se haya limitado a responder verbalmente este martes a los miembros de la Mesa tratando el asunto como un tema parlamentario, pero no administrativo.

Ahora, el PP va a estudiar qué pasos jurídicos puede dar ante el silencio formal de Armengol y no descarta la posibilidad de acudir a la Justicia Constencioso-Administrativa.

Su portavoz, Cuca Gamarra, ha censurado que la Mesa lo haya desestimado porque, a su juicio, «no debe haber una tacha sobre aquéllos que tienen que pronunciarse sobre una ley de estas características», y el letrado mayor del Congreso ha formado parte del Gobierno de Sánchez «hasta el día antes» de su nombramiento.