El Fondo Social de Viviendas se ha prorrogado hasta el 17 de enero de 2016, según han acordado los firmantes del acuerdo para su creación.

El FSV comenzó hace dos años con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras para dar asistencia a las familias vulnerables por la crisis mediante alquileres reducidos, entre 150 y 400 euros mensuales con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

El Código de Buenas Prácticas, la moratoria para desahucios y el FSV son tres de las medidas de las que se han beneficiado alrededor de 30.000 familias. En total 1.465 familias han accedido a viviendas aportadas por las 33 entidades financieras participantes. Familias especialmente afectadas por la crisis y sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado.

Las personas que se pueden beneficiar de este fondo son aquellas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 como consecuencia de una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Otro de los requisitos es que el conjunto de ingresos mensuales de la unidad familiar no puede superar el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 conforme al IPREM actual), además, ninguno de los miembros de la unidad familiar puede disponer de vivienda en propiedad.

Deben cumplir otros requisitos como ser familia números, tener menores a su cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo habiendo agotado las prestaciones, víctimas de la violencia de género, personas mayores (prejubilados o jubilados) que hayan avalado con su vivienda a hijos o nietos, y todas las personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales competentes, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

Mª Asun Ten Olabarria

Foto: GTRES