El Juzgado de Instrucción 4 de Almería, que investiga las presuntas irregularidades en subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación en 2010 y 2011 en la provincia, ha acordado prorrogar un mes más y por séptima vez el secreto decretado sobre las actuaciones a la espera de que se incorpore a la causa el informe oficiado a la UDEF.
Fuentes judiciales han indicado que la resolución, dictada el pasado día 9, indica que no han variado los motivos por los que cuales se acordó y que, por tanto, persisten las «especiales» circunstancias que «aconsejan» que las diligencias no sean conocidas por las partes.
El secreto de sumario se adoptó al considerar que su conocimiento «podría perjudicar la investigación en curso» ya que cabe recordar que, en las últimas fechas, los agentes encargados de la investigación han entrevistado a alumnos y profesores de los cursos de formación bajo sospecha.
La última decisión, al margen de las prórrogas de secreto de sumario, de la magistrada María del Mar Cruz en el marco de este procedimiento fue aceptar que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se personase como parte en el procedimiento, aunque rechazaba entonces dar traslado de lo actuado hasta el momento debido al secreto que pesa sobre la causa.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentan características que hacen «presumir la posible existencia de infracción penal».
La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más «depurada valoración jurídica», que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realice «una investigación profunda y detallada de los hechos» en relación a la provincia de Almería, según han indicado fuentes judiciales.
El Ministerio Público indicaba entonces que en el testimonio de particulares remitido desde la Fiscalía de Málaga se incluye un informe de la UDEF «en el que se da cuenta de irregularidades detectadas» en la obtención de subvenciones «por parte de determinadas personas físicas y empresas» en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE».
Remarcaba que «en la mayoría» de los beneficiarios de las subvenciones se producen «graves incumplimientos de los requisitos» que la legislación sobre subvenciones establece al efecto y señala, «como más destacadas», el incumplimiento «generalizado del compromiso de contratación», la práctica de «caza de subvenciones» por parte de algunas empresas, la «falta de solvencia» y «experiencia» en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben «la ayuda pública».
La Fiscalía Provincial detallaba en su denuncia, asimismo, que, en un segundo informe de la UDEF, «se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería«, aunque matizaba que «no se realiza una investigación profunda y detallada».
Sí hacía mención a que en el citado informe se citan «varias» empresas en las que se «han detectado diversas irregularidades» y recoge cuatro en concreto: «Quintaeventos S.L.; Ormar Informatic S.L.; Inmecamar S.L.; y Academia Infosol S.L.». El Ministerio Público interesó, además de la incoación del procedimiento penal que se incorporase a la causa el testimonio de particulares de las diligencias de investigación penal de la Fiscalía de Málaga.
EUROPA PRESS
