Más de 100 asociaciones, según informa Europa Press, que representan más de un millón y medio de empresas, se han sumado a las enmiendas de PIMEC, la PMcM y la CEAC, al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que consideran «ambiguo y contradictorio». El jueves pasado, el proyecto superó su primer debate en el Congreso de los Diputados.

Pimec, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público que ha presentado el Gobierno ante el Congreso, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, «no facilita el acceso de las pymes a la contratación pública». Tal y como se ha dicho en público una y mil veces. Es más, deja «una vez más a las pymes en condiciones de desventaja», en contra de lo que establecen las directivas europeas, a pesar de tratarse de una ley con una gran transcendencia para la economía ya que la contratación pública supone casi el 20% del PIB.

Un botón de muestra: en relación a las prohibiciones de contratar, el proyecto de ley no recoge la demanda de que se cumpla «escrupulosamente» la legislación vigente en materia de morosidad. De hecho, las asociaciones lamentan que el proyecto permite legalmente la ampliación de los plazos de pago establecidos previamente, tanto por la legislación española como por las directivas comunitarias.

El proyecto de Ley se tramita ahora con carácter de urgencia obedeciendo a una imposición de la Comisión Europea, en el marco del procedimiento de déficit excesivo del año 2016, una vez que el plazo máximo (abril de 2016) para la transposición de la directiva haya sido superado por España. Y son muchos los que temen que esta urgencia convierta la nueva legislación en un coladero de prácticas consuetudinarias.