La segunda reunión bajo la mediación de Bruselas entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para tratar de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha terminado este lunes con «avances» pero sin resolver las diferencias respecto a los tiempos de la reforma del modelo de elección de los jueces que el Gobierno quiere dejar para después de la renovación urgente pero que el PP quiere cerrar en un proceso paralelo.

«Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal creemos que no está resuelto: Creemos que el CGPJ debe renovarse al mismo tiempo que buscamos un nuevo modelo que garantice la independencia de nuestros tribunales, la división de poderes y el Estado de derecho en España», ha dicho a los medios González Pons a su salida de la sede de la Comisión Europea, tras algo más de una hora de encuentro.

En una comparecencia separada, el ministro Bolaños ha asegurado que «se acabó el tiempo de excusas» y de «retrasos» para renovar el CGPJ porque su situación institucional es «muy delicada»; por lo que ha valorado como una «buena noticia» que Reynders vuelva a convocarles en marzo para seguir «hablando, negociando y avanzando» y ha considerado como plazo «razonable» los dos meses de espacio que ha dado Bruselas a la negociación.

En un comunicado muy escueto, el comisario Reynders ha calificado el encuentro como «cordial», sin dar detalles de lo hablado ni apuntado avances concretos, y se ha limitado a informar de que «los debates continuarán» y que las partes han acordado volverse a verse «en la primera quincena de marzo», en una fecha aún por determinar.

Cabe recordar que cuando el liberal belga aceptó el pasado enero asumir la tarea de mediador en el marco de un «diálogo estructurado» entre los dos partidos, lo hizo avisando a PP y PSOE de que deberían encontrar una solución en el plazo de «dos meses», lo que supone fijar como plazo finales de marzo, cuando previsiblemente Reynders tenga que dejar la cartera de comisario si prospera su candidatura para la jefatura del Consejo de Europa, un órgano ajeno a la UE.

En opinión de Pons, sin embargo, ese plazo no debe verse como definitivo porque, en su opinión, si se confirma la salida de Reynders, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, designará «otro comisario» para asumir la mediación.

«Tenemos una oportunidad pero hay que ir lento y hacerlo bien», ha insistido González Pons, para quien «serán necesarias más reuniones» hasta que se dé con una solución definitiva que incluya tanto la renovación del CGPJ como la reforma del modelo.

Bolaños, por su parte, ha insistido en defender que el PSOE comparte con la Comisión Europea la posición respecto a los ritmos del proceso porque los informes anuales sobre el Estado de derecho apuntan en sus recomendaciones a España que el CGPJ debe ser renovado «inmediatamente».

«Es una materia urgente para el buen funcionamiento de las instituciones en nuestro país y, acto seguido, iniciar las conversaciones para mejorar el modelo», ha expresado el ministro de Justicia.

Al aceptar la mediación, tras las primeras dudas por lo inédito del formato y consultar con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Reynders planteó un «diálogo estructurado» con el objetivo de desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces y abordar también una reforma del sistema de designación de los vocales para alinearse con los estándares europeos que defienden una elección entre pares.

De este modo, el comisario se ajusta a las recomendaciones que Bruselas incluye desde hace dos años en su informe anual sobre el Estado de derecho en los países de la UE y que, en el caso de España, reclama «proceder con carácter prioritario» a la renovación del CGPJ «e iniciar, inmediatamente después», el «proceso» para la reforma.

El pasado diciembre, no obstante, en una rueda de prensa acompañado por Bolaños bajo la presidencia de turno española del Consejo, Reynders precisó que si bien el proceso que prefiere es una renovación «urgente» para abordar a continuación la reforma del modelo, estaba abierto a examinar soluciones alternativas si así lo acordaban las partes porque lo esencial es desbloquear la situación.