El PSOE y Sumar han incluido la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, rebautizada por sus detractores como ‘ley mordaza’, en el acuerdo de gobierno que han sellado este martes, un compromiso que ya estaba en el pacto firmado en 2019 entre los socialistas y Unidas Podemos que dio lugar al primer gobierno de coalición. Sin embargo, aunque en la anterior legislatura el Congreso tramitó un texto para cambiarla, aquel intento fracasó por la negativa a apoyarlo de ERC y Bildu, dos fuerzas que siguen siendo imprescindibles para poder hacer realidad esta renovada promesa.
El acuerdo de hace casi cuatro años contemplaba la sustitución de la ley aprobada en solitario por el PP por una nueva norma basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana que priorizase la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulara, entre otros, los derechos de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal.
Sus firmantes prometían entonces alumbrar la reforma «a la mayor brevedad», pero nunca llegó a ver la luz. Lo único que se aprobó en las Cortes, en 2021, fue la derogación del 315.3 del Código Penal que hasta entonces recogía penas de prisión para los piquetes.
UNA «LEY PROGRESISTA»
En su nuevo acuerdo, el PSOE y Sumar se conjuran para reformar y derogar «aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión», y retoman sus promesas incumplidas de 2019 ya que vuelven a apostar por una ley progresista para garantizar «el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica»
De nuevo, avanzan que se regularán los derechos «de reunión y manifestación, identificación y registro corporal». Como novedad añaden su intención de legislar también sobre la utilización de técnicas preventivas y disuasorias y la identificación de los agentes y de introducir «un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados». «Garantizará asimismo la libertad de información y la transparencia informativa», reza el acuerdo.
Algunas de estas ‘novedades’ son las que el PSOE y Unidas Podemos pactaron entre ellos durante la tramitación de la reforma que llevó a cabo el Congreso en la anterior legislatura. Lo que se debatió no fue un proyecto de ley de reforma auspiciado por el Gobierno sino la proposición de ley registrada en enero de 2020 por el PNV. Lo mismo se había intentado ya tras el primer gobierno de Pedro Sánchez en 2018, pero entonces el texto también partió de los nacionalistas vascos y decayó por la convocatoria anticipada de las generales.
El Congreso lo intentó de nuevo en septiembre de 2020 cuando el Pleno aceptó tramitar la propuesta del PNV con el único rechazo del PP y Vox, pero después la tramitación estuvo congelada más de un año con la constante ampliación del plazo para la presentación de enmiendas.
Estas se presentaron por fin en noviembre de 2021 y, tras constatar que las posiciones estaban muy alejadas los grupos del gobierno y sus socios abrieron negociaciones discretas, al margen de la ponencia parlamentaria para ir buscando acuerdos.
PELOTAS DE GOMA Y DEVOLUCIONES EN CALIENTE, ESCOLLOS INACEPTABLES
Esas negociaciones alumbraron un texto que sumó al PSOE, Unidas Podemos y PNV, pero finalmente el ‘no’ de ERC y EH Bildu tumbó la iniciativa en marzo de este año, poniendo fin a cinco años de intentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformarla.
Los dos puntos más conflictivos de aquella negociaciones fueron la prohibición del uso de pelotas de goma y las ‘devoluciones en caliente’ de migrantes en las fronteras. Respecto al primer asunto, el PSOE y Unidas Podemos defendieron que debía regularse mediante protocolos ajenos a la ley, como ya ocurre en Cataluña y el País Vasco.
Además, los dos grupos del gobierno pactaron al inicio de la tramitación no incluir en la modificación legislativa el tema de las devoluciones en frontera y lo desviaron a una reforma de la Ley de Extranjería que tampoco se ha llegado a materializar.
El PSOE y Unidas Podemos tampoco lograron convencer a los independentistas catalanes y vascos de otros dos puntos, los relativos a la desobediencia y las faltas de respeto, muy contestados por los sindicatos policiales.
El grueso de la conocida como ‘ley mordaza’ fue avalado por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2020. Lo único que no pasó el filtro de constitucionalidad fue el artículo que sancionaba las grabaciones «no autorizadas» a los agentes. La sentencia no fue apoyada por los magistrados Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Constitucional, y María Luisa Balaguer.
