La escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, ha elaborado un extenso informe en el que se cuestiona quién sale ganando y perdiendo en la reciente reclamación a Apple sobre sus impuestos no pagados en Irlanda.

Según explica Jennifer Blouin, profesora de Contabilidad de Wharton,  el caso del pago de impuestos de Apple en Irlanda es diferente: trata de mostrar que los ingresos obtenidos por la compañía con sus operaciones allí no se recogen en ningún régimen fiscal específico.

La decisión tomada por la CE tiene el propósito de “igualar el campo de juego de la disputa” y evitar distorsiones en la política fiscal de Europa, dice Raymond Luja, profesor de Derecho fiscal comparado de la Universidad de Maastricht en Holanda.

Sin embargo, este cambio de políticas fiscales supone una inestabilidad para empresas que ya estaban invirtiendo bajo esas reglas. Como consecuencia, algunas empresas pueden marcharse a lugares donde las jurisdicciones sean más estables, evalúa Erik Jones, profesor de Estudios europeos y de Economía política internacional y director de estudios europeos y eurasiáticos de la Johns Hopkins University.

Esta resolución de la Comisión, en la que se emplaza a Apple a pagar 13.000 millones de euros, abre fisuras dentro de la Unión Europea con respecto a las ventajas ofrecidas por la política tributaria para atraer inversiones, según la Universidad de Pensilvania. También queda patente la fragilidad de las políticas de incentivos fiscales implementadas por los gobiernos de Europa y de Irlanda en particular.

La decisión de la Comisión Europea sobre Apple fue ratificada por el Parlamento irlandés por 93 a 36 votos. Enda Kenny, primer ministro de Irlanda, se opuso la decisión tomada por la CE y dijo que Irlanda “actuó según las normas” con respecto al tratamiento fiscal otorgado a Apple, según un informe de la AFP. La empresa tiene oficinas en la ciudad de Cork desde 1980, donde cuenta con unos 6.000 empleados en el país, dijo la agencia de noticias.

Blouin ha explicado que Apple llegó a un acuerdo con Irlanda en la década de los 90, cuando la economía del país estaba en problemas, y trataba de atraer nuevas inversiones reduciendo impuestos. Se creó entonces “una entidad jurídica especial que permite a Apple defenderse diciendo que, a pesar de que tenía el personal y las actividades en curso en Irlanda, la toma de decisiones efectiva y los derechos de propiedad intelectual estaban ubicados fuera del país”.