La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este miércoles que el anteproyecto de la Ley de Vivienda, aprobado el martes en el Consejo de Ministros, servirá para «corregir los desajustes del mercado», aunque no será «de la noche a la mañana».

La normativa, tramitada de urgencia, se remitirá antes de fin de año al Congreso y se espera que su aprobación se produzca en el segundo semestre de 2022. A partir de esa fecha, la ley establece un plazo máximo de 18 meses para la aplicación de los índices de referencia de las zonas tensionadas.

Sánchez ha defendido este miércoles en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, que la ley cambiará el actual paradigma y tendrá «capacidad de incidir en el mercado de la vivienda».

«Lo que hace este Gobierno es impulsar una ley que marca una serie de principios generales, que va a tener efectos, que se va a aplicar en muchos de sus contenidos en el conjunto del territorio, porque no solo regula las cuestiones relativas al alquiler y a la fijación de los precios o inventivos fiscales que se aplican en las áreas tensionadas, sino que contiene mucho más que eso», ha asegurado la ministra.

Sánchez ha insistido en que la ley «da seguridad jurídica» y protege tanto a los propietarios como a los inquilinos, además de facilitar el acceso a la vivienda de los grupos más vulnerables a través de la creación de un parque público de vivienda. Por eso, ha pedido que las medidas que contempla la normativa no se analicen «desde una perspectiva aislada».

La ministra también ha explicado que el plazo máximo de 18 meses para la declaración de las zonas tensionadas para la aplicación de la ley servirá para recopilar los datos y crear los índices de referencia «desde el análisis, el rigor y de acuerdo con las comunidades autónomas». «Requiere de esa coordinación y no es intención demorarlo, pero desde luego hay que hacerlo bien y ese es el periodo que nos hemos dado», ha aclarado.

Con estos márgenes temporales, y teniendo en cuenta que la aprobación de la ley no se dará hasta la segunda parte de 2022, la definición de zonas tensionadas comenzará a regir en la próxima legislatura.

INVITA A LAS CCAA A LEER LA LEY

La futura Ley de Vivienda respetará las competencias autonómicas, como han recalcado desde el Gobierno en varias ocasiones. Sin embargo, varias autonomías, sobre todo las del PP, ya han expresado su rechazo a aplicar la normativa.

Sánchez ha pedido a las comunidades autónomas que «al menos antes de anunciar que no van a aplicar la ley, se la lean, porque es una buena norma».

«Espero y confío que replanteen esta decisión porque no tiene ningún sentido que castiguen a sus ciudadanos», ha advertido la ministra. De hecho, algunas de las bonificaciones fiscales que contempla la normativa solo serán deducibles en las comunidades que se acojan a la ley y pidan la declaración de zonas tensionadas.

El anteproyecto de la Ley de Vivienda también ha recibido críticas por parte de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que considera que «habría que ir más allá». Sin embargo, Sánchez se ha mostrado convencida en que Barcelona «aplicará esa norma» porque «tiene un problema como área tensionada».

HUIR DE LA POLÉMICA

Preguntada por las tensiones entre la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la reforma laboral, Sánchez ha instado a «huir de esta polémica de quién lidera y quién no».

«Es una reforma laboral del conjunto del Gobierno. Tiene sentido que en un tema de este calado esté liderado por la ministra Yolanda Díaz, pero que también participen otros ministerios que tienen mucho que decir al respecto», ha matizado la ministra de Transportes.

Sánchez sostiene que estas discrepancias no son «motivo de preocupación» y ha recalcado el compromiso del Gobierno con la reforma laboral, tanto dentro del acuerdo de coalición como con la Unión Europa. También ha negado que haya un cambio de opinión dentro del Gobierno al respecto.

La ministra ha subrayado que el acuerdo «se va a producir y está asegurado», porque tanto el PSOE como Unidas Podemos (UP) tienen «objetivos compartidos, comunes» y buscan «establecer unas reglas del mercado de trabajo del siglo XXI».

«Antes de que finalice este año, tendremos el texto y el acuerdo sobre la reforma laboral», ha dicho Sánchez. El plazo de fin de año está definido por el compromiso del Gobierno con Bruselas para el desembolso de los fondos europeos.

PRESUPUESTOS Y ERC

La ministra de Transportes también ha aludido a las peticiones de ERC sobre Rodalies a cambio de su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022.

Sánchez ha pedido «desvincular un tema de otro», porque «una cosa es que hablar de la transferencia de Rodalies a la Generalitat y otra la negociación de los presupuestos». Además ha recordado que los PGE contemplan una partida «muy elevada para mejorar ese servicio».

«Estamos dispuestos a hablar de algunos nuevos traspasos en Rodalies, como el financiero, que es el que nos ocupa en este momento para transmitir a la Generalitat los recursos para que pueda pagar al operador», ha añadido la ministra.