En una declaración tensa por momentos, Rato tuvo que responder a las preguntas del ministerio público sobre cada una de las presuntas irregularidades que se produjeron en la fusión de cajas que dio lugar a Bankia y en la posterior salida a Bolsa, que se están examinando en este juicio.

Rato tuvo que explicarse sobre las supuestas “deficiencias” contables de las siete cajas de ahorro que se fusionaron en 2010 para formar Bankia y argumentó que «el Banco de España era el garante de que las cuentas de las cajas estaban bien; mayor garantía no podemos tener».

Insistió en que el Banco de España “conocía nuestras tripas perfectamente. Tenía 15 personas allí permanentemente y fue el Banco de España es que nos eligió (para formar el nuevo banco)”. Aseguró que durante su mandato, el regulador nunca le advirtió de incumplimientos en sus recomendaciones y, finalmente, «el Banco de España nos dijo los pasos que había que dar; no recuerdo que nos diera muchas opciones».

«En los dos años y tres meses que fui presidente de Caja Madrid y Bankia, el Banco de España nunca me requirió que estuviéramos incumpliendo ninguna de sus recomendaciones. No tenía ninguna constancia de que esos trabajos técnicos fueran motivo de fricción con el Banco de España”, declaró.

Rodrigo Rato se encuentra en prisión cumpliendo condena por el caso de las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid y llegó a la sede de la Audiencia de Nacional a bordo de un furgón policial desde la cárcel de Soto del Real. En todo momento se mostró seguro y firme en su argumentación e insistió en que no sólo el Banco de España avaló las operaciones, sino que también fueron respaldadas por Deloitte, AFI y PwC y los test de estrés europeos que tuvieron lugar en 2010.

Insistió también en que todo el proceso de fusión de las cajas fue dirigida por el FROB, que al igual que el Banco de España consideró “viable” la operación de salida a Bolsa que culminó en julio de 2011.

‘DOCTRINA BOTÍN’

La sesión del juicio Bankia de este martes dio comienzo con la resolución de las cuestiones previas por el tribunal, que ha rechazado la aplicación de la `doctrina Botín´ y mantiene todas las acusaciones, incluidas las populares, personadas en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, lo que permite seguir a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), que piden hasta 12 años de cárcel para la treintena de acusados.

Además, la sala ha retirado el delito de falsedad contable atribuido a las personas jurídicas, Bankia, su matriz BFA y la firma auditora Deloitte, sobre las que ahora sólo pesa el de estafa a inversores.

El ‘caso Bankia’ echó a andar en julio de 2012, cuando el juez Fernando Andreu decidió investigar la denuncia de UPyD contra el banco y los exdirectivos por presunta estafa a los ahorradores que invirtieron su dinero en la fallida salida a bolsa de la entidad el 21 de julio de 2011.

RESCATE

Bankia, nacida de la fusión de siete cajas lideradas por Caja Madrid y Bancaja en el mes de diciembre de 2010, tuvo que ser rescatada en mayo de 2012 con una inyección de 22.424 millones de euros que implicó su nacionalización para reforzar el balance.

El ejercicio previo al debut bursátil declaraba un beneficio de 309 millones, pero que se truncó en 3.030 millones de pérdidas cuando los nuevos gestores elegidos tras la nacionalización reformularon unas cuentas que se había negado a firmar el socio auditor de Deloitte, también denunciada en el proceso.

Según los peritos, el salto al parqué se produjo con unas cuentas que no reflejaban «la imagen fiel» de su balance, mientras que el equipo liderado por Rodrigo Rato defendía que fue el sobreesfuerzo en provisiones acometido en 2012 y con la nacionalización el que transformó el beneficio en pérdidas. A su juicio, fue además excesivo y se generó por el deterioro de los activos con la crisis económica posterior a la salida a bolsa y con el drástico aumento de los requerimientos en dotaciones exigido con los ‘decretos Guindos’.

En 2016 Bankia decidió asumir la devolución de todo el dinero que invirtieron los minoristas en la salida a bolsa para ahorrar costes judiciales y litigiosidad, tras un fallo de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que resolvió que hubo error en el consentimiento por parte de los inversores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública. El Alto Tribunal abrió así la puerta para los minoristas, al tiempo que juzgó que los inversores cualificados conocían el riesgo al que se exponían.

El banco captó en Bolsa 3.092 millones de euros: 1.237 millones a través de ventas de acciones a inversores institucionales y 1.855 millones por parte de particulares, ya resarcidos.

Durante el proceso en la Audiencia Nacional el juez dividió la investigación en tres piezas: la salida a bolsa sobre la que ahora se celebra el juicio oral, las ya juzgadas ‘tarjetas black’ y la investigación archivada de las participaciones preferentes.

A continuación de Rato declararán en este juicio el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, para el que Fiscalía solicita cuatro años de prisión; el exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años de cárcel), y el ex consejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses de cárcel).