El titular de Hacienda se reunirá bilateralmente con cada una de las comunidades autónomas para buscar soluciones conjuntas

Se han alzado en armas y han plantado cara a Cristóbal Montoro. Las comunidades autónomas no están dispuestas a recortar el gasto social para reducir el déficit conjunto en más de 1,3 puntos y cumplir así con los objetivos del 0,3% pactados para este año.

Una rebelión que les puede costar muy caro en concreto los 5.439 milllones de euros de las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así se lo habría advertido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebraba ayer viernes. «Les llegará cuando estén aprobados los planes de ajuste. El FLA está condicionado y lo saben perfectamente quienes los están cobrando. Es su responsabilidad», contestaba Montoro a las autonomías cuyos consejeros, previamente, y en declaraciones a la prensa le recriminaban no haber recibido aún el dinero.

«De no recibirse las transferencias no podremos pagar nuestras facturas»,  se lamentaba el Conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler. De modo similar se mostró la Consejera de Andalucía que ponía la voz en grito «aún no ha llegado y está perjudicando al periodo medio de pago».

«que no se preocupe si no pagan, se lo retiramos y pagamos nosotros directamente»

Montoro quiso, a su vez, responder con un mensaje de tranquilidad, «que no se preocupe si no pagan, se lo retiramos y pagamos nosotros directamente». De hecho ya se habría procedido de este modo con dos comunidades autónomas Aragón y Extremadura, a las que el pasado día seis de abril, vía carta, firmada por el secretario de Estado de Adminstraciones Públicas, Antonio Beteta, se comunicaba «el inicio del procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a proveedores».  Es decir, la intervención de facto.

Decisión ésta que con la que se aplica lo establecido en la LOPEPS (Ley de Estabilidad Presupuestaria) y que será el modo de operar de seguir incumpliendo. De hecho fuentes conocedoras de lo acontecido en la reunión explicaron que el propio ministro afirmó que «ya se está aplicando».

Medidas coercitivas mediante, todavía queda margen para la negociación y que las autonomías envíen la lista de partidas que van a verse afectadas por la no disponibilidad. Así de aquí a finales de abril los representantes autonómicos tendrán que volverse a ver las caras con el ministro Montoro, ahora bien, en esta ocasión de forma bilateral «la disposición del Gobierno es que la aplicación de todas estas nuevas medidas coercitivas lo hagamos en una relación bilateral, absolutamente fundamental», remarcó «porque el Gobierno tiene que traducir en qué consiste la obligación de cumplir con lo que está marcado, que es que todas las Comunidades Autónomas se sumen a mejorar los gastos. Nos hemos ofrecido a la interpretación», detalló Montoro. 

Meramente deliberativo

En un Consejo de Política Fiscal y Financiera en palabras de Montoro «meramente deliberativo y que no ha sido decisorio», que se extendió hasta bien pasadas las 22:00, se explicó a las comunidades el significado del acuerdo de no disponibilidad, «no les pedimos recortes sino que los nuevos recursos se dediquen a financiar el déficit y no aumentar el gasto con el objetivo de afianzar el estado de bienestar y garantizar su continuidad». E insistió «en la carta les conmino a un acuerdo de no disponibilidad y a que adopten las medidas de volver a la senda del déficit público».

A ello ayudarán, precisamente, las transferencias de los fondos de financiación, «por primera vez las CCAA disponen de más recursos y lo que exigimos es que con ellos financien los gastos públicos actuales», puntualizaba el ministro.

En el frente contrario las autonomías trasladaron al titular de Hacienda en funciones la imposibilidad ajustarse al 1,8% del PIB potencial, o lo que es lo mismo, cumplir con el techo gasto tal y como se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Asimismo, defendieron que no se las puede culpar de la desviación del déficit en las cuentas del año pasado. De hecho, pese a que se excedieron  casi un punto sobre el objetivo del 0,7% pactado para 2015 y cerraron el ejercicio con un déficit conjunto del -1,66% sobre el PIB, lo cierto es que éstas redujeron en nueve décimas el resultado del cierre de 2014 (-1,75%).

Otro cantar es el relativo a los gastos corrientes en bienes y servicios, partida que se eleva en prácticamente todas las autonomías entre 2015 y 2016

Así las cosas, las autonomías no están dispuestas a ceder ni un ápice en lo que respecta a ajustar el gasto en los servicios sociales básicos (sanidad, educación y servicios sociales). Otro cantar es el relativo a los gastos corrientes en bienes y servicios, partida que se eleva en prácticamente todas las autonomías entre 2015 y 2016, algo que según explican fuentes muy próximas a la Generalitat Valenciana tiene todo que ver con que «no encontramos presupuestos inflados y muchas facturas sin presupuestar».

No hay déficit asimétrico

Por otra parte desde las regiones se solicitó una flexibilización en los plazos pactados para alcanzar el equilibrio presupuestario, en la línea de la que el Gobierno pretende negociar con Bruselas, es decir, un año más.

Otra de las cuestiones que se plantearon fue la de volver al sistema de déficit asimétrico, propuesta que es defendida por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). A este respecto Montoro fue tajante «no habrá déficit asimétrico. Ya lo probamos en 2013 y no funcionó».

Lo que sí tiene visos de salir adelante es que se haga un nuevo reparto entre las administraciones. De hecho el ajuste de 2000 millones de euros que se aplicará el Gobierno, que supondrían una rebaja del déficit de dos décimas, podría ser una de las bazas con la que se está jugando para aligerar las exigencias del conjunto de las comunidades autónomas.

Tampoco hubo respuesta a la proposición de Valencia y Andalucía de condonar parte de la deuda acumulada por infrafinanciación, cuestión que como ya adelantaron hace diez días tanto Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y el propio Montoro, «se estudiará con el nuevo modelo de financiación  autonómica.