El pasado año cerca de 478.705 trabajadores vieron cómo su contrato pasó de ser temporal a indefinido, la cifra más alta desde 2010. Un buen dato para el mercado de trabajo que tendrá que lidiar en 2016 con un futuro incierto por la ralentización del crecimiento económico y la inestabilidad política de una España en el limbo gubernamental.
Lo perverso de la novedosa situación política que ha resultado tras las elecciones del 20 de diciembre ha sumido a España en un limbo gubernamental que podría poner en riesgo la buena marcha del empleo.
En este sentido son varias las voces, tanto del mundo de la empresa como del de sindicatos y patronales, que coinciden en que se debe continuar avanzando en proceso reformista emprendido durante los últimos cuatro años. Fuentes de CCOO, son contundentes al referirse a las reformas laborales de populares y socialistas “la idea es que se dé marcha atrás o al menos se rectifique tanto con la una como con la otra”, ya que según explican “sentaron las bases que hicieron más fácil el despido indefinido y favorecieron la temporalidad en los contratos”.
Ambas habrían conducido a “una reducción en la calidad de los trabajos” representarían un “camino abonado para la exclusión social y la continuidad hacia un modelo económico de baja calidad”.
Ahora bien, desde el sindicato apuntan que la solución requiere de estrategias de “largo recorrido cuyo desarrollo debe combinarse con medidas urgentes” y siempre “a partir del respeto estricto a los marcos normativos internacionales”.
Quién también se ha pronunciado ha sido la patronal de los empresarios CEOE. Desde la patronal de los empresarios consideran que “la actual reforma laboral ha servido para salir de la crisis” pero que a partir de ahora “se requieren soluciones inmediatas a demandas que no sabemos cuándo van a aparecer”. Demandando al nuevo Gobierno que ponga en marcha “medidas y actuaciones orientadas a dotar de mayor rapidez y agilidad al sistema y que estén vinculadas a la situación económica, que generen certidumbre, confianza y doten de mayor flexibilidad al mercado laboral para atraer, además, nuevas inversiones del exterior”.
Miguel Córdoba va mucho más allá y explica que lo que debe hacer el nuevo Gobierno es “cambiar el modelo y no dejar que las empresas hagan lo que les dé la gana. Hemos pasado de proteger a ultranza a los empleados a dar demasiadas alas a los empresarios. La virtud está en el término medio”.
Por otra parte, y respecto al Plan de Garantía Juvenil que, en teoría, debería haber supuesto un espaldarazo a la contratación indefinida entre los menores de 25 años, desde Comisiones explican que “si bien el objetivo y el diseño eran buenos, la ejecución no” por los excesivos plazos de desarrollo. “Se ha puesto en marcha muy tarde y además debería haberse extendido hasta los 30 años”. A ello se suma que “desconocemos las actuaciones que se han puesto en marcha por la falta de coordinación que existe entre las Comunidades Autónomas y la Administración Central.”
Córdoba eleva el tono de la crítica y afirma que “no sólo el impacto ha sido flojísimo sino que para lo único que ha servido es para que las empresas se beneficien de ello en su cuenta de resultados”.
