Renfe ha destinado hasta septiembre de 2018 un total de 11 millones de euros a la limpieza de grafitis en sus trenes. La compañía prevé que el coste iguale o supere a final de 2018 la cifra de los 15,7 millones que se destinaron en 2017 a la limpieza de estos actos vandálicos. Un coste equivalente a la compra de tres trenes de Cercanías.

La limpieza de los trenes es muy costosa. La pintura suele afectar a la chapa del tren, es ácida y de secado rápido. Dependiendo del tamaño del grafiti, un tren puede quedar sin servicio en talleres hasta su limpieza de entre 1 y 7 días.

El año pasado se produjeron un 60% más de actuaciones en toda España relacionadas con los grafitis. Renfe calcula que el incremento de acciones de este tipo siga creciendo en 2018. Sólo en los primeros 9 meses del año ya se han registrado 2.800 actos vandálicos de este tipo. Las acciones vandálicas relacionadas con pintadas en los trenes de Renfe casi se han duplicado desde 2008.

Además del incremento de estos actos se ha detectado que los grafiteros cada vez emplean más violencia y que en muchos casos se trata de grupos organizados. El riesgo es tanto para los propios viajeros como para el personal de Renfe y vigilantes. Incluso los grafiteros ponen en peligro su integridad física cuando atacan un tren en servicio, al saltar a las vías por las que pueden circular otros trenes.

De hecho, el método de accionar indebidamente el aparato de alarma de los convoys cuando están en servicio, lo que produce la detención de emergencia del tren, es uno de los utilizados por los grafiteros. El frenazo puede producir caídas de los viajeros. Hay casos en los que los grafiteros han actuado con pasamontañas llevando a los viajeros a entrar en pánico al pensar que podría tratarse de otro tipo de ataque.

Cuando las pintadas se producen en trenes en servicio causan molestias y retrasos. Sólo en Cercanías Madrid se vieron afectados el año pasado con demoras más de 200.000 viajeros por grafitis en trenes en marcha. Además, un tren grafiteado debe ser limpiado inmediatamente, por lo que se tiene que retirar del servicio, con el consecuente trastorno para la programación de trenes y causando incidencias.

10 millones de euros adicionales en seguridad

A los daños contra el patrimonio de la compañía (que incluye gastos de limpieza, pintura, disolventes, traslados a talleres, movilización de personal…) hay que sumar todos los gastos anuales en medios destinados en vigilancia y seguridad, que supondrían otros 10 millones de euros adicionales, con lo que la cifra de coste total se elevaría a 25 millones de euros anuales. Un coste que acaban pagando todos los ciudadanos con sus impuestos.

Renfe colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y denuncia todos los actos ante la autoridad competente (Policía Nacional, autonómicas, locales o Guardia Civil). La empresa considera que es esencial la concienciación e implicación de instituciones y ciudadanos para luchar y denunciar estas acciones.