El Consejo de Administración de Repsol aprobó en su reunión de este martes el acuerdo alcanzado con el Gobierno argentino por cual se compensa a la petrolera española con 5.000 millones de dólares (3.640 millones de euros) por la expropiación de su filial YPF. Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), además de esta compensación, se aseguran las garantías para su pago efectivo, así

como el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones. La entrada en vigor del acuerdo queda supeditada a determinadas condiciones suspensivas, entre ellas a su aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Repsol y a la aprobación posterior por una ley especial sancionada por el Congreso de la Nación Argentina.

De este modo, el Gobierno argentino entregará a Repsol títulos de deuda pública en dólares. En primer lugar mediante un paquete fijo, por un valor nominal de 5.000 millones de dólares.

Además, recibirá un paquete complementario por un importe máximo de 1.000 millones de dólares. La entrega de este segundo paquete de bonos se ajustará de manera que el valor de mercado de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a 4.670 millones de dólares, con un máximo de 6.000 millones de dólares de valor nominal.

El valor de mercado se calculará tomando como referencia las cotizaciones recibidas de entidades financieras internacionales. El orden de entrega de los bonos complementarios será el antes citado, de manera que Repsol recibiría primero los bonos de vencimiento más próximo, hasta los límites indicados para cada uno de ellos.

El cierre de la transacción se producirá con la entrega de los bonos a favor de Repsol con plenas garantías de su depósito en una entidad internacional de compensación y liquidación de valores financieros. Repsol, libremente, puede decidir enajenar dichos bonos. Si de esta enajenación se obtuviera un importe superior a los 5.000 millones de dólares (descontados gastos e intereses), el exceso se devolvería a la República Argentina.

GARANTÍAS

La compañía explica que los títulos públicos se entregan a Repsol «pro solvendo», es decir, la deuda de la República Argentina frente a Repsol se dará por saldada con el cobro total de la misma, ya sea con la enajenación de los bonos o con el cobro regular de la deuda a sus respectivos vencimientos.

Como garantía adicional, Argentina reconoce que en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares.

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