Tras reconocer que esta formulación ha supuesto “una discrepancia” con el socio de Gobierno, se declaró partidaria de culminar el procedimiento normativo con normalidad y por la vía de urgencia, “pero con la participación de todos los grupos parlamentarios en Congreso y Senado” por la importancia de lo que se aborda.

“Creemos que, dada la envergadura de las modificaciones que estamos introduciendo, es correcto que todas las garantías de procedimiento y todos los grupos parlamentarios se pronuncien al respecto”, argumentó, confiada en que el Parlamento, “aplicando esa tramitación urgente, pueda dar luz verde cuanto antes a estas dos modificaciones”.

Son dos medidas con las que el Gobierno buscaría actuar en la parte regulada de una factura que se está viendo afectada por la escalada de los precios mayoristas en los últimos meses con el encarecimiento del C02 y el gas, llegando la semana pasada a marcar máximos históricos día a día, aunque su precio se ha tomado un respiro en los últimos días.

Ribera atribuyó precisamente la caída “significativa” de los últimos días a que “hay viento” y eso permite producir una energía más económica que había sido difícil de conseguir en los días de ola de calor extrema, y a que se estimó una demanda menor de energía “porque la ola de calor nos ha dado un poco de alivio y porque es festivo en algunas comunidades autónomas”. En tercer lugar, señaló que las valoraciones actuales comparan con un 2020 donde el precio fue más bajo del que hubiese sido el normal porque la pandemia bajó “entre un 10 y 15% la demanda”.

Al ser cuestionada sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para abaratar la factura, explicó que el recibo se construye en un tercio de su valor por el precio mayorista; otro tercio por los peajes y cargos que incluyen factores como los transportes de la electricidad, el apoyo a la industria o las primas históricas de las renovables; y el último tercio, por la fiscalidad.

En cuanto al primer factor, expuso que, “mientras dependamos de combustibles fósiles o factores externos, tienen difícil capacidad de gestión”, aunque anticipó que el Gobierno va a convocar una nueva subasta de 3.300 megavatios en renovables para intentar abaratar el mix de producción que condiciona el recibo.

Se trata, dijo, de “trabajar para conseguir, cuanto antes, que el precio de la energía no dependa de factores externos y tenga costes operativos bajos”, reconociendo que, mientras que se dependa de factores externos, “nos vamos a encontrar con un mercado que está diseñado de forma que nos viene mal, que será caro”.

En peajes y cargos indicó medidas como el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, “que nos dejaría los recargos en un nivel muy pequeñito”, y la minoración del dividendo del CO2 en las cuentas de las plantas más antiguas, ambos en tramitación parlamentaria.

Además, volvió a abrir la puerta a revisar la tarifa regulada para que tenga menos volatilidad y afectación a los vaivenes del precio mayorista. Si bien defendió que los datos “avalan” que su diseño “ha permitido a los consumidores beneficiarse enormemente con respecto a cualquier otro tipo de tarifa”, apuntó que en el Gobierno son “sensibles a esa preocupación de reducción de la volatilidad de los precios” y, por tanto, está “trabajando en este campo”.

Por último, en materia fiscal, explicó que las facturas de los consumidores domésticos e industriales ya se han beneficiado de las rebajas aplicadas mitigando la fuerte subida de los precios mayoristas, pero abriendo de nuevo la puerta a futuras medidas. “Sabemos que este es un debate de fondo importante, por ahora tenemos esa suspensión provisional y tenemos que seguir trabajando en la parte fiscal”, indicó