El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido investigar si el exsecretario general del PP y antiguo ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos es la persona que se encuentra detrás de la siglas ‘P.A.C.’ y si, en consecuencia, fue uno de los beneficiarios, a través de mordidas y comisiones, de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’.

El magistrado ha acordado una batería de diligencias para determinar la participación de Álvarez-Cascos en la trama, entre las que destaca la toma de declaración del presunto ‘número dos’ de la ‘Gürtel’, Pablo Crespo.

El auto dictado hoy señala que «pese a resultar notorio el actual aforamiento» de Álvarez-Cascos como diputado en el Parlamento de Asturias, la doctrina del Supremo «obliga al instructor a prácticas cuantas diligencias se estimen precisas para completar la investigación de los hechos». El antiguo secretario general del PP debería ser investigado y en su caso juzgado por el Tribunal Supremo.

Ruz ha tomado esta decisión en virtud del informe en el que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acusaba al exministro de Fomento de ser una de los «grandes beneficiarios» de la trama de corrupción. Los investigadores aseguraban que Álvarez- Cascos es la persona que se esconde tras las siglas ‘PAC’, que aparecen una y otra vez tanto en la documentación contable de la trama de Francisco Correa como en los ‘papeles de Bárcenas’ y que están vinculadas a entregas de dinero.

Reparto de dividendos

Los investigadores de la Policía Nacional aseguraban que en la supuesta contabilidad B del PP y los conocidos como ‘los papeles de Bárcenas’ aparecen entre 1990 y 2004 «de forma recurrente entradas y salidas de fondos cuyo aportante y destinatario se infiere que es Francisco Álvarez Casco, que se le denomina de diferentes formas tales como: «P.A.C.», «PAC», «Paco A.C.», «Paco Alv-Casco» y «Paco A. Cascos «, «Paco», » Cascos «, «Paco Alvarez».

El informe policial señalaba que, entre otras operaciones, Álvarez Cascos habría recibido 69.600 euros en el año 2008 a través de la empresa Tecnas SL, de la que era presidente, consejero delegado y máximo accionista, gracias a «las relaciones comerciales» de la citada sociedad con una mercantil vinculada a Luis de Miguel Pérez, el presunto testaferro y asesor financiero de Correa.

Álvarez-Cascos, en la documentación recabada a lo largo de la investigación, aparece también vinculado «al reparto de beneficios generados con motivo de la ejecución de las acciones de las campañas electorales de los años 2003 y 2004, en base a un contrato de prestación de servicios publicitarios firmado por parte de la sociedad Rialgreen para la formación política Partido Popular».

El juez Ruz, en el auto dictado hoy, señala que las siglas detrás de las que presuntamente se escondía Álvarez-Cascos están «vinculadas al reparto de beneficios ilícitamente generados como consecuencia de la intermediación para la obtención de determinados contratos de prestación de servicios para la formación política del Partido Popular».

Batería de diligencias

El juez, a través de la resolución dictada hoy, acuerda una serie de diligencias que habían sido solicitadas por la Fiscalía y la UDEF. Entre estas diligencias destaca la citación de Pablo Crespo para interrogarle sobre la presunta participación de Álvarez-Cascos en los negocios de la trama de corrupción. Ruz todavía no ha fijado una fecha para esta declaración.

El instructor de la Audiencia Nacional ha ordenado asimismo a las sociedades Creativa Team, Tecnas y Fuentelavanda que le entreguen en el plazo de cinco días información relativa al pago de unas facturas y documentación contable.

El magistrado, por último, ordena al abogado Santiago Lago Bornstein, uno de los imputados en la ‘Gürtel’, que le aporte documentación referida a Creative Team y Tecnas.

Personación de Cascos

El magistrado ha rechazado la personación de Álvarez-Cascos en el ‘caso Gürtel’ en calidad de perjudicado. Ruz señala que «en modo alguno» puede considerarse al antiguo ministro de Fomento como perjudicado por la trama de corrupción.

Esto «determina su falta de legitimación para comparecer en las presentes actuaciones en concepto de parte perjudica», según señala el auto dictado hoy.

Ruz, de forma paralela y a través de otro auto, ha decidido citar como imputados para el próximo 6 de marzo a dos trabajadores de AENA, el antiguo responsable de comunicación Ángel López de la Mota y el empleado José María Gavarri, de quienes se sospecha que entre 2000 y 2002 recibieron de Francisco Correa regalos y dinero en efectivo para la obtención de adjudicaciones del organismo público a las empresas de la trama.

López de la Mota, en concreto, habría recibido supuestamente por parte de Correa 27.000 euros en efectivo así como pagos en servicios turísticos e incluso de las obras de una vivienda. Gavarri, por su parte, habría recibido más de 36.900 euros, además de pagos de viajes.

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