El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que «no va a haber recortes» en el plan de equilibrio fiscal que España presentará a la Comisión Europea, como muy tarde, el próximo 15 de octubre tras haber vencido un primer plazo el pasado 20 de septiembre.

Durante su comparecencia en el Congreso para hablar de este asunto y la política migratoria, Sánchez ha explicado que en ese plan figurarán compromisos de responsabilidad de gasto y nuevas inversiones para el futuro cercano que garantizarán que no haya recortes, sobre todo teniendo en cuenta que España «está haciendo los deberes en la sostenibilidad de las cuentas públicas».

En este punto, el presidente ha ensalzado que las políticas del Ejecutivo están permitiendo llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como ‘hucha de las pensiones’, con la previsión de que alcance los 9.500 millones de euros este año, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y reducir el déficit público. «Estamos cumpliendo con nuestros objetivos», ha apostillado.

EL PP ADVIERTE QUE HACE FALTA RECORTAR 39.000 MILLONES

Una versión bien diferente ha ofrecido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha recordado que el nuevo plan fiscal pactado con Bruselas debería haber estado en vigor desde el pasado 20 de septiembre y este sí implicará recorte del gasto público.

A falta de conocer el plan de ajuste que el Gobierno publicará, la AIReF ha calculado que España tendrá que realizar un ajuste de algo más de cuatro décimas de PIB en los próximos siete años –unos 6.000 millones al año–, y eso implica que el gasto no podrá crecer más del 3%.

Si en lugar de plantear un plan de ajuste a siete años, el Gobierno decide elaborarlo en base a un periodo de cuatro años, esto supondría un ajuste anual mayor, del 0,63% –unos 9.000 millones–, según los cálculos de la AIReF.

De su lado, las estimaciones del Banco de España apuntan a que, para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, sería necesario implementar un ajuste presupuestario de en torno a 0,5 puntos porcentuales del PIB al año –durante siete años–, aunque este programa acarrearía un menor grado de dinamismo de la actividad que el contemplado actualmente.

«Se oculta la información a nuestro país. La AIReF dice que habría que hacer un ajuste de 39.000 millones. Usted lo tenía que haber presentado el 20 de septiembre en la Unión Europea, estamos a 9 de octubre y no dice nada», ha protestado Feijóo.

VOX PROTESTA CONTRA EL «ATRACO» FISCAL

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado su intervención para denunciar el «atraco» fiscal del Gobierno de coalición, al que ha acusado de subir los impuestos hasta en 62 ocasiones desde 2018.

Asimismo, ha alertado por los altos precios de la vivienda y ha reprochado que el IVA de los alimentos básicos hayan pasado del 0% al 2% este mes, a pesar de no haber dejado de subir en los últimos meses.

En el turno de Sumar, Íñigo Errejón ha recordado que España está cinco puntos por debajo de la media de la Eurozona en términos de contribución fiscal, por lo que ha reclamado una «fiscalidad justa» sustentada en hacer estructurales los impuestos extraordinarios a banca y energéticas.

UNA NUEVA GUÍA DE ORIENTACIÓN

La trayectoria de referencia de las nuevas reglas fiscales indica cómo los Estados miembro pueden garantizar que al final de un período de ajuste fiscal de cuatro años, la deuda pública esté en una trayectoria descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo.

No obstante, las nuevas normas buscan fomentar las reformas estructurales y las inversiones públicas para la sostenibilidad y el crecimiento, por lo que los Estados miembro podrán solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes de la UE.

Estos incluyen lograr una transición justa, ecológica y digital, garantizar la seguridad energética, fortalecer la resiliencia social y económica y, cuando sea necesario, desarrollar capacidades de defensa.

Se debe tener en cuenta, además, que aunque el objetivo fundamental es colocar la deuda en una senda descendente, los compromisos ya no se fijan en términos de déficit estructural, se fijan en términos de crecimiento del gasto.