El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su «absoluto respeto» a la posición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Vivienda, aunque ha remarcado el compromiso del Ejecutivo con su aprobación con el objetivo de construir un «quinto pilar» del estado de bienestar.
«El Gobierno de España está comprometido con una Ley de Vivienda que consideramos que es el quinto pilar del estado de bienestar», ha remarcado el presidente durante una comparecencia ante los medios desde Moncloa, junto al canciller alemán, Olaf Scholz.
Así, fuentes gubernamentales han recalcado que este retraso, que se ha producido después de que el órgano judicial tumbara el informe planteado por el vocal Álvaro Cuesta, con una valoración global favorable del texto pactado por PSOE y Unidas Podemos, no les va a despistar del objetivo que es de hacer de la vivienda un derecho.
Según ha esgrimido el presidente en su intervención, las fórmulas con las que ha contado el país durante estos 40 años de democracia para garantizar un acceso digno a la vivienda «no han sido suficientes».
Por tanto, el jefe del Ejecutivo ha defendido la necesidad de un mayor compromiso desde lo público para hacer que un derecho recogido en la Constitución, como es el acceso a la vivienda, se convierta en «no en un problema sino en un derecho real, que es el de tener una vivienda digna».
Sánchez ha afirmado que el Gobierno esperará al nuevo informe que emita el CGPJ. «Lo miraremos con absoluto respeto, miraremos todas las cuestiones técnicas que quieran plantear, pero el compromiso del Gobierno es construir este quinto pilar del estado de bienestar», ha enfatizado.
Entretanto, y a la espera de que se conozca este nuevo informe que es perceptivo pero no vinculante, el Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda, el bono joven de ayuda al alquiler y una ley de arquitectura y de calidad de la vivienda.
El bono joven al alquiler, de 250 euros, para personas de entre 18 y 35 años. tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero, como confirman a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
Sánchez, en la rueda de prensa conjunta con el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, ha destacado la aprobación del bono joven, que tiene como finalidad favorecer la emancipación de los jóvenes y facilitar el alquiler de viviendas.
El Consejo de Ministros también dará luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda y a la Ley de Arquitectura y de Calidad de la Vivienda, como ha señalado Sánchez.
La partida para el bono joven del alquiler, de 200 millones de euros, está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
Los beneficiarios que podrán solicitar esta ayuda deberán ser jóvenes de entre 18 y 35 años, y con un contrato de trabajo que no le genere más de 23.725 euros anuales. Además, el bono se aplicará a cada joven y no a cada vivienda.
El Ejecutivo tiene pendiente de aprobación la Ley de Vivienda. La titular del Ministerio, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confiaba en llevar esta normativa al Consejo de Ministros de mañana, pero el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó la propuesta del informe sobre el anteproyecto de ley.
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera lectura el 26 de octubre y un día después se inició el trámite de audiencia e información pública, que finalizó el 18 de noviembre de 2021.
Durante ese trámite se presentaron 90 alegaciones en tiempo y forma por diferentes instituciones, entidades y particulares, según informaron fuentes del Ministerio dirigido por Raquel Sánchez. Esas alegaciones se analizaron entre el 18 y el 28 de noviembre, para remitirse el 29 de ese mes a los Departamentos Ministeriales para su informe.
El Ministerio envió el documento al CGPJ el pasado 1 de diciembre para su informe por urgencia. El CGPJ contaba con un plazo de 15 días hábiles, debido al carácter de urgencia, para emitir el informe, por lo que el plazo ya habría finalizado a finales de diciembre.
La normativa sobre vivienda contempla regulaciones el precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda, entre otras medidas.
