El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, advirtió este martes de que la presentación de solicitudes «indebidas» para que se devuelva lo abonado por el ‘céntimo sanitario’ puede ser «constitutivo de infracción tributaria y objeto de sanción, más si media la utilización de medios fraudulentos».
En el Senado, el ministro se refería así a las reclamaciones que se presenten tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera ilegal este impuesto de venta minoristas de determinados hidrocarburos, conocido como ‘céntimo sanitario’.Montoro explicó, tras una pregunta realizada por el senador de IU Jesús Iglesias, que «el proceso de ejecución de la sentencia llevará tiempo y el impacto económico dependerá» de distintas circunstancias.El titular de Hacienda señaló que la Comisión Europea tiene que determinar los niveles mínimos de imposición sobre hidrocarburos.
En este sentido, indicó que ayer se remitió a la Comisión Europea una solicitud para que se pronuncie sobre la posibilidad de devolver todo este impuesto, pues de hacerse se podría entender que se conculca el derecho comunitario representando la devolución una ayuda de Estado.
Además, recordó que este impuesto era gasto deducible en Sociedades y en el IRPF, por lo que será necesario regularizar al mismo tiempo la minoración de los gastos necesarios para el ejercicio de la actividad por parte de los sujetos pasivos reclamantes.A ello se une que la Administración Tributaria deberá realizar las comprobaciones oportunas para adecuación de los justificantes y las facturas, verificar que hubo ingreso efectivo de las cuotas, evitar devoluciones cruzadas entre vendedor y consumidor final, y evitar devolver cuotas ya devueltas, explicó.
Montoro señaló que cuando se estableció este impuesto se hizo con consulta a la Comisión Europea, y solo posteriormente abrió procedimiento de infracción. Además, destacó que Bruselas no demandó al Estado español porque hubo un «acuerdo sobre esta figura tributaria».
Por su parte, a nivel nacional recordó que algunos Tribunales Superiores de Justicia habían fallado recursos a favor del criterio de la Administración, como fueron los de La Rioja, Baleares y Castilla y León.
Fue el de Cataluña quién decidió plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y a raíz de ese caso particular se ha pronunciado el organismo. Por ello, señaló que su extensión a otros contribuyentes tiene que ser tramitado de forma individualizada.
El titular de Hacienda mostró la «mejor disposición» del Gobierno «para hablar con las comunidades autónomas para establecer los mecanismos para atender la ejecución de esa sentencia». También para «paliar y compensar el perjuicio económico que les ocasiona» la misma.
Fuente: Servimedia
