El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y miembro del Comité de Expertos para la reforma fiscal, Santiago Lago, ha advertido de que España tiene un problema «muy serio» con el déficit estructural, que viene explicado por que los ingresos están por debajo del nivel que podrían alcanzar.
«Los datos muestran que nuestro agujero fiscal no está en un gasto excesivo, sino en unos ingresos muy bajos», ha explicado durante su intervención en el XXXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra esta semana en Vigo.
Ante esta realidad, el experto ha insistido en que el país tiene la obligación de actuar a través de esa «ventana de oportunidad» que supone la reforma fiscal que el Ejecutivo pretende que entre en vigor en 2023 a más tardar.
Así, ha defendido el escenario en el que se plantea la reforma del sistema tributario. «Hace mucho tiempo sabemos que tenemos un sistema tributario con agujeros y problemas», ha señalado, tras explicar que esto es el resultado de un sistema impulsado en los 70 que solo ha incorporado alguna reforma a lo largo de todos estos años.
ARMONIZACIÓN DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES
Pero, según ha advertido, el contexto ha cambiado mucho, por lo que se necesita adaptar el sistema tributario y trasladar nuevas opciones que provienen, por ejemplo, del ámbito de tributación ambiental.
Sobre esta cuestión de tributos autonómicos de naturaleza medioambiental, hay discusión sobre intentar armonizar algunas figuras tributarias. «Yo soy partidario de esto», ha afirmado el experto para la reforma fiscal, tras explicar que la opción sería la creación de «figuras tipo».
DIFERENCIAL RESPECTO A EUROPA SOBRE IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Durante la conversación sobre fiscalidad verde, el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez, ha remarcado que impulsar estos tributos medioambientales es un objetivo ambicioso que generará riqueza empleo y reducirá la dependencia energética en el exterior.
Por ello, ha defendido que los impuestos servirán para revertir la situación climática y la reducción de la contaminación. «Los tributos medioambientales generan un doble beneficio, por un lado, recaudatorio, por otro, de reducción de la contaminación», ha apuntado.
Sobre esto, el presidente de la Asociación ha defendido que quizás estos impuestos, que se debaten en el seno del Comité de Expertos para la reforma final, no tengan que ser más elevados sino extenderlos sobre una base más amplia de la sociedad.
Desde el Ministerio de Hacienda apuntan a que España está a cuatro puntos de diferencia respecto la fiscalidad verde europea. Aunque los inspectores creen que es muy difícil comparar esta cuestión, sí están de acuerdo en que existe un diferencial respecto a Europa sobre estos impuestos medioambientales.
La tributación medioambiental forma parte del componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sobre esta cuestión, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, anunció durante su participación en este Congreso de Inspectores que el Gobierno llevará próximamente al Consejo de Ministros el texto para la modificación del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
La subdirectora general de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, María Isabel López, ha recordado en el Congreso que en 2013 se introdujo en el sistema fiscal español el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Años después de su implantación, sostiene María Isabel López que es un instrumento útil en la reducción de la emisión de estos gases.
Para facilitar la gestión del impuesto y reducir determinadas conductas fraudulentas, se va a proceder a la modificación del impuesto para gravar al fabricante y reducir algunos beneficios fiscales. Ha remarcado así que próximamente se va a someter a trámite información pública proyecto de modificación del mismo para facilitar y simplificar su gestión y mejorar la lucha contra el fraude.
De su lado, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Vigo, Alberto Gago, considera que esta reforma de la fiscalidad verde debe de hacerse de manera equilibrada, para conseguir objetivos ambientales y recaudatorios, sin renunciar al objetivo de equidad.
«Creo que es necesario repasar los fundamentos de estos impuestos y advertir sobre sus impactos y utilizar su recaudación para pensar en término de compensación a los perdedores», ha insistido.
Sostiene así Gago que el mayor problema de los impuestos medioambientales son los daños colaterales sobre la competitividad de los agentes económicos y sobre los aspectos distributivos.
