El recurso anunciado este lunes por uno de los abogados de la defensa de la Infanta Cristina, Miquel Roca, contra el auto por el que se abre juicio oral por el caso Nóos no afectará a la fecha que el juez señalará en los próximos días para que se celebre el juicio contra ella, su marido Iñaki Urdangarin, y 15 personas más, según el otro abogado de su defensa, Jesús María Silva.
En declaraciones a los medios antes de comparecer en la Comisión contra el Fraude del Parlament, Silva, que ha dicho que la fecha debería señalarse para septiembre u octubre de 2015, ha explicado que si el recurso prospera conseguirían que la Infanta no se sentara en el banquillo.
Silva se ha mostrado más prudente y no ha asegurado que el recurso vaya a ser presentado, si bien ha afirmado que se están estudiando las vías para poder hacerlo, ya que un auto de apertura de juicio oral no es recurrible, así que estudiarán si se puede recurrir el contenido del mismo, una acción jurídica «sin precedentes y con riesgos».
«Hay que ver si se puede hacer un recurso sobre ciertos contenidos del auto, no hay precedentes y es arriesgado porque contra el auto de apertura de juicio oral no se puede recurrir», ha especificado.
La primera de las vías que estudiarán sobre la que asentar el recurso es el hecho de que se basa en los votos particulares de una sentencia del Tribunal Supremo y no contra la decisión final que dio inicio a la doctrina Botín.
A opinión de Silva, el juez dedica mucha atención a doctrinas que en su momento se sostuvieron por votos particulares del Tribunal Supremo, en contra de esta doctrina, y que por lo tanto este contenido especial podría llevarles a recurrir en contra.
En concreto, la doctrina Botín dice que cuando la acusación particular –en este caso la Abogacía del Estado– y la Fiscalía no acusan, el juez no puede abrir juicio oral.
«Si vamos a lo que dice el TS, vemos que justamente en un caso de delito fiscal sentó una doctrina según la cual la acusación popular en casos de delito fiscal no podían sostener la acusación», ha dicho el letrado, que considera que el juez se debe mover en ese marco.
Por otra parte, Silva ha afirmado que reflexionará sobre si interpone recurso por otro contenido del auto en el que el juez José Castro incluye proclama sobre el presunto fraude de la Infanta: «Lo que tú defraudas lo pagamos todos».
Considera que se acoge a la noción de que en el delito fiscal hay un bien jurídico colectivo motivo por el que se podría presentar la acusación popular.
Silva ha recordado que el bien jurídico protegido en el delito fiscal es el patrimonio de la Hacienda Pública y, pese a haber reconocido que esto está al servicio de los fines generales, ha explicado que no se pueden esgrimir en los delitos fiscales que sólo atañen a la Hacienda Pública.
«Nadie contempla si se han alterado fines generales, sino que cuenta si se ha superado el límite de 120.000 defraudados de la Hacienda Pública –cifra a partir de la cual se considera delito fiscal– y entonces hay delito», ha explicado.
«Nadie hace ninguna reflexión sobre cuestiones colectivas ni generales. Es una cosa puramente cuantitativa, que se refiere al patrimonio de la Hacienda Pública», ha zanjado, aclarando que Castro se ha basado en un artículo del profesor de Derecho en la Universidad Complutense Enrique Gimbernat en el que hacía estas referencias.
DERECHOS DINÁSTICOS
Silva ha recalcado que no hay ninguna obligación jurídica por la que la Infanta deba renunciar a sus derechos dinásticos, pese a tener que sentarse en el banquillo de los acusados.
«Para la institución dinástica y para ella la renuncia es una cosa muy fuerte. No creo que tenga una incidencia fundamental en la causa. No he hablado con ella porque no ha habido tiempo. Jurídicamente no tendría que hacerlo», ha apostillado.
Silva ha considerado que existen presiones sobre el caso, pero ha puesto de manifiesto su confianza en la independencia y la imparcialidad judicial: «Hay presiones de todo tipo, pero nunca hablaría de prevaricación. No me lo puedo ni imaginar».
EUROPA PRESS
