Ayer nos sorprendía la noticia de una imaginativa medida de lucha contra la economía sumergida que va a llevar a cabo Portugal. Un problema que para el país vecino supone un 27% de su PIB. Una práctica extendida es la de no pedir factura, para evitar para el IVA. Precisamente en este punto se centra la actuación por parte del Gobierno conservador de Lisboa; un truco para de incentivar a los contribuyentes a forzar a las empresas a emitir todas las facturas y pagar todo el IVA, que han llamado la “Factura de la Suerte”. Aquellos que declaren sus facturas, optarán, por sorteo, a un premio (como un coche de lujo o 90.000 euros libres de impuestos), para lo que el Gobierno de Passo Coelho destinará unos 10 millones de euros, según los medios lusos.
Pero, ¿y en España? ¿Podríamos aplicar esta medida con éxito? El economista Álvaro Lodares nos cuenta que, aunque imaginativa, puede que esta opción no sea demasiado útil. En su opinión, sería más efectivo bajar los impuestos, porque los españoles lo que no quieren es ver cómo su dinero se evapora. Es decir, sería más fácil cumplir con su obligación si la fiscalización fuera más baja. En este sentido, en lo que a medidas contra el fraude se refiere, también Álvaro Lodares explica que lo que se llamó “amnistía fiscal” no fue demasiado efectivo, precisamente porque sigue siendo más fácil “esconder” el dinero.
Y es que en nuestro país tenemos unos índices de fraude fiscal ligeramente inferiores a los de Portugal. Un estudio del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) estima en un 24,6% del PIB (253.000 millones) el peso del fraude fiscal en España, desde el 17,8% que se calculaba en el año 2008, junto el año en que estalló la crisis en nuestro país. Ese año, la economía irregular suponía, en millones de euros, un volumen de uno 193.000 millones de euros, según los datos de Gestha. Para su presidente, este informe refleja que la falta de transparencia es lo que ha causado este aumento de la economía sumergida.
Tampoco el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, confía demasiado en la efectividad de la nueva medida lusa. Nos explica que este tipo de incentivos se han utilizado en países asiáticos y más recientemente en América Latina, países que son muy diferentes al nuestro tanto en sistema económico como en moralidad tributaria. Por ello, Cruzado aconseja adoptar medidas de aquellos países a los que nos queremos parecer en este sentido, como a los de la Unión Europea o la OCDE.
En 2012 la Agencia Tributaria recaudó 11.500 millones por la lucha contra el fraude; pero el pasado mes de septiembre conocíamos, a través del Servicio de Estudios de La Caixa, que si se erradicase la economía sumergida, la recaudación fiscal aumentaría entre 60.000 y 80.000 millones de euros anuales. Por ello, los técnicos de Hacienda piden una renovación y más medios para hacer su trabajo.
En concreto, desde Gestha denuncian la falta de voluntad política para luchar contra el fraude, y citan ejemplos como las deudas del fútbol, el caso Noos o la ya nombrada amnistía fiscal. Algo que, señalan, podría solucionarse dotando de más medios en la Agencia Tributaria (más inspectores, entre otros). Esto supondría destinar un mayor gasto, ya que también en este aspecto estamos por debajo de la media de la OCDE. También señalan la importancia de ejercer un mayor control sobre las grandes empresas. Además desde Gestha sentencian que en nuestro país no se persigue a las grandes bolsas de fraude.