Las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), dos de los principales sindicatos de Argentina, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el mayor sindicato de los trabajadores del sector público en Argentina, celebrarán este jueves 5 de diciembre un paro nacional contra los despidos masivos en la Administración Pública y frente a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Los tres sindicatos han lamentado que la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, la principal organización sindical del país, no se adhiera a este paro, criticando su posición más dialoguista con el Gobierno de Javier Milei, a pesar de las amenazas en las últimas semanas de su secretario general, Pablo Moyano.

«No hay solidaridad o no pertenecen a la misma clase», ha lamentado la secretaria general adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, quien ha recordado el año «terrible» que han enfrentado los trabajadores públicos, motivo por el cual se han sumado a la protesta del próximo jueves bajo el lema ‘Por una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía’.

La convocatoria se dará en las principales ciudades de Argentina y no se limita solamente a estos tres sindicatos, sino que en las últimas horas se han sumado representantes del sector industrial o judicial, lo que lleva a los organizadores a pensar que será una jornada «masiva».

«Este jueves vamos a demostrar que la unidad de la clase trabajadora da resultados», sostuvo Cabezas, en línea con el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, quien ha resaltado que es «muy importante» transmitir la voluntad de fortalecer la unidad.

«Convocamos a todas las fuerzas a ser parte de ello no solamente para que podamos destruir esta experiencia de gobierno, sino también para continuar con los esfuerzos de una patria sin hambre, con producción y trabajo, y con propuestas para construir una nueva experiencia que recupere la esperanza de nuestro pueblo», ha defendido.

Entre las reclamaciones de los sindicatos figuran la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos, la derogación de las políticas «que promueven el desguace del Estado y la precarización laboral», un aumento salarial que recupere el poder adquisitivo de los trabajadores y un cambio en la orientación económica del gobierno, «que priorice la producción, el empleo y la justicia social».

Además, uno de los asuntos calientes de la última semana es la puesta en marcha de los examenes de idoneidad a los que se enfrentarán más de 40.000 empleados públicos para mantener su contrato en la Administración. Este asunto ha sido de gran polémica principalmente entre los sindicalistas de ATE, que han exigido al Gobierno su anulación, en una misiva enviada un día antes del paro.

«No nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público», ha denunciado el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, uno de los firmantes de la carta en la que se acusa al Gobierno de Javier Milei de «asedio permanente» al Estado y de poner en marcha instrumentos destinados a perjudicar a los trabajadores de la Administración.