Sordo insta al Gobierno a «tirar para adelante» con la ‘contrarreforma laboral’ aunque CEOE se descuelgue

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este martes que la ‘contrarreforma laboral’ que negocia el Gobierno de coalición con los agentes sociales debería estar lista en seis semanas, de aquí al mes de noviembre, y ha instado al Ejecutivo a «tirar para adelante» con lo que acuerde con los sindicatos si la CEOE se descuelga del pacto.

Sordo, en declaraciones a Radio Intereconomía recogidas por Europa Press, ha recordado que la corrección de la reforma laboral de 2012 ya se ha abordado en dos ocasiones anteriores, con Magdalena Valerio de ministra de Trabajo en la anterior legislatura y en la actual justo antes de que llegara la pandemia. «En ambos casos estuvimos ya muy cerca de corregir algunos de los aspectos centrales de la reforma laboral de 2012», ha apuntado.

El dirigente sindical confía en que pueda alcanzarse un acuerdo tripartito, pero en caso de no conseguirlo, ha emplazado al Gobierno a legislar con lo que sea capaz de acordar con los sindicatos.

El líder de CCOO ha reconocido que un acuerdo que incluya a la CEOE va a ser complicado dado que la reforma laboral del Gobierno del PP dio muchos privilegios a la parte empresarial a los que les es difícil renunciar. Aún así, Sordo ha asegurado que él «no tiraría la toalla hasta el último momento porque se está negociando y nadie se va a levantar de la mesa».

En dicha mesa del diálogo social, además de los temas relacionados con la negociación colectiva, se ha incorporado al debate todo lo que tiene que ver con la reducción de la contratación temporal en España y la búsqueda de un mecanismo alternativo al despido al que puedan recurrir las empresas para adaptar la jornada cuando tengan problemas.

Preguntado por la propuesta del Gobierno de limitar al 15% la contratación temporal en las plantillas de las empresas, Sordo ha expresado sus «dudas» sobre la efectividad de esta medida para frenar la contratación temporal pues hay empresas donde la temporalidad es inferior a ese porcentaje.

«A ver si con esto vamos a abrir la puerta a una mayor temporalidad por la vía de fijar un porcentaje para todas las empresas. No estoy seguro de que sea la medida más eficaz para frenar la temoporalidad. En todo caso lo podemos ver, pero de lo que se trata es de poner coto al abuso de la contratación temporal», ha explicado.

En este sentido, ha señalado que un porcentaje muy alto de la contratación temporal es en fraude de ley y que habría que establecer medidas disuasorias para que no salga más barato incumplir que cumplir. Pero, al mismo tiempo, cree que hay que buscar el modo de «taponar» el recurso al despido ofreciendo como alternativa un mecanismo de adaptación de jornada similar a los ERTE.

En su opinión, podría estudiarse algo parecido a lo que se hace en Alemania, donde se permite a las empresas reducir temporalmente la jornada, proporcionando al mismo tiempo algún tipo de prestación para no minorar los salarios de los trabajadores. «Por ahí es por dónde habría que trabajar», ha indicado.

NO HAY «ANCLAJE» LEGAL PARA OBLIGAR A VACUNARSE A LOS TRABAJADORES

Sordo ha subrayado que, después de la utilización de los ERTE, la economía española está recuperando empleo «en unos tiempos e intensidades desconocidos en la historia del país», pues ya se han recuperado el 94% de los 3,6 millones de trabajadores que llegaron a estar en ERTE en el pico más alto de la pandemia. «Estamos una historia de éxito en la gestión del empleo en esta crisis», ha enfatizado.

Preguntado por si habría que establecer en las empresas la vacunación obligatoria de los trabajadores frente al Covid, como ha pedido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el dirigente sindical ha señalado que esta medida no tendría «anclaje» jurídico en la legislación actual, por lo que habría que modificarla para implantarla.

En todo caso, Sordo ha insistido en que él es partidario de incentivar y promover la vacunación en todas las actividades, sobre todo las más sensibles, pero también ha recordado que en España la oposición a vacunarse ha sido muy residual, frente a lo ocurrido en otros países.