El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró este martes que el nuevo marco regulatorio de renovables, un real decreto y la orden ministerial sobre los nuevos parámetros, verá la luz en «pocas semanas» y no incluirá cambios significativos. En un encuentro informativo organizado por ‘El Economista’ y Ernst & Young, Soria avanzó que se aprobará en pocas semanas tanto el real decreto como la orden ministerial de nuevos parámetros a las renovables, cogeneración y residuos, que supone un impacto de 1.700 millones, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El ministro indicó además que no se vislumbran «cambios» ni en la orden ministerial ni en el real decreto, por lo que previsiblemente la nueva normativa llegará al Consejo de Ministros en pocas semanas, una vez estén disponibles el informe de Competencia y del Consejo de Estado.

«Si se hacen excepciones habría que ver a qué otras tecnologías se hace esa disminución», apuntó Soria, que aseguró que la intención del Gobierno «no es solo no arruinar a nadie, sino todo lo contrario», conseguir «más inversión, más crecimiento y más empresas».

El titular de Industria dijo haber escuchado a «muchos sectores afectados» por el impacto de las medidas regulatorias, como el fotovoltaico, y consideró que es «normal» que haya «contradicción» entre el interés general y el «legítimo» de los particulares. Sin embargo, recordó que las primeras medidas para «reordenar» el sector tuvieron lugar en 2010 por el anterior Gobierno, que «ya era consciente de la que se avecinaba».

En este sentido, reprochó no haber visto «ni una sola alternativa» para atajar el problema del aumento de precios, sino que todo lo que se ha puesto sobre la mesa es decir «a mí no me toques».

En cualquier caso, el ministro señaló que el hecho de que se hayan introducido cambios no significa que el Gobierno no apueste por las tecnologías renovables, ya que son «uno de los mejores escaparates» de España en el resto del mundo.

En su opinión, el problema «de base» del sector eléctrico es que los precios han aumentado en España un 70% en la última década, lo que afecta a consumidores, a la industria y a la competitividad, por lo que el «objetivo esencial tiene que ser adoptar medidas para que eso precios bajen».

Por otra parte, Soria destacó que será la primera vez que en España se vaya a regular el autoconsumo, sobre el que el Gobierno es «plenamente favorable», si bien marcó la necesidad de abonar un peaje, ya que «las infraestructuras tienen que financiarse».

REFORMA GAS

Sobre la reforma del sector gasista que prepara el Gobierno, adelantó que «probablemente» se irá a un escenario de hibernación de algunas instalaciones, aunque por ahora se encuentra en conversaciones con el sector sobre el posible cierre de determinadas instalaciones.

El principal objetivo de la reforma será evitar que se repita un escenario similar al del sector eléctrico, con un déficit de 3.600 millones en 2013, e intentar que «los precios actúen como señales para los consumidores», lograr un mercado único de gas y aumentar la utilización de las infraestructuras, sobre todo para aprovechar la posición de España de tránsito del gas natural licuado (GNL) y las importaciones de Argelia respecto a Europa.

Así, hasta que no finalicen la reforma eléctrica y gasista, el Gobierno no acometerá la reforma del mercado eléctrico mayorista, conocido como ‘pool’ eléctrico, según Soria.

Sobre las prospecciones, Soria se mostró favorable a no renunciar a las posibilidades en materia de hidrocarburos, aunque por el momento el Ejecutivo no tiene «ninguna constancia» de su existencia, si bien algunos estudios apuntan a que podría haber en la mitad norte peninsular.

PROYECTO CASTOR

Respecto a la posible reapertura del almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón), Soria señaló que el Gobierno se encuentra a la espera de la opinión de expertos independientes de ámbito internacional para determinar «con más precisión» si se puede reabrir o no.

El ministro insistió en que mientras no haya «seguridad plena» de que no se van a producir movimientos sísmicos «importantes» en la zona, el Ejecutivo no autorizará la reanudación de la actividad del almacén.

De esta forma, esperará al estudio definitivo ajeno a la Administración Pública, para «saber cuáles son las opciones» sobre Castor y actuar en consecuencia «de acuerdo a lo que más convenga al interés general».

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