La agencia de calificación crediticia S&P Global ha alertado de que las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el precio de la luz, que supondrá un recorte en los beneficios de las compañías eléctricas de cerca de 3.200 millones de euros, amenazan con ralentizar los objetivos de transición energética del país.
En un informe publicado este jueves, la calificadora de riesgos considera que las nuevas medidas «podrían reducir el apetito de las empresas de generación de energía de invertir en la transición energética».
S&P también ha señalado que España ha sido el único país europeo que ha adoptado unas medidas de este tipo, mientras que el resto ha preferido reducir los impuestos de la factura de la luz o proporcionar subsidios a hogares vulnerables.
Los 3.200 millones de impacto en los ingresos de las compañías que calcula S&P proceden de dos de las medidas aprobadas por el Gobierno. Por un lado, la devolución de los «beneficios extraordinarios» que las eléctricas obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan. El Ejecutivo estima este importe en 2.600 millones de euros.
Por otro lado, las medidas para actuar sobre los denominados «beneficios caídos del cielo» de la energía nuclear e hidráulica, que el Gobierno estimaba inicialmente en 1.000 millones pero que finalmente rebajó a 625 millones.
Según los cálculos de S&P, estas dos medidas supondrán un impacto en el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola de hasta 1.470 millones, mientras que para Endesa alcanzará un máximo de 1.150 millones y para Naturgy se situará en torno a los 340 millones. El Ebitda de EDP se verá afectado negativamente hasta en 100 millones de euros.
No obstante, la agencia de calificación ha señalado que el impacto podría acabar siendo menor, ya que no se tienen en consideración las posibles acciones de mitigación que pongan en marcha las empresas, como desactivar contratos de cobertura (hedging) o renegociar los precios de los contratos con los clientes finales.
Pese al incierto impacto sobre las ganancias y la previsión de que estas medidas no afecten a las métricas crediticias de las empresas, S&P considera que este tipo de leyes sientan un «precedente» para futuros periodos de volatilidad de materias primas, por lo que se ha instaurado un «grado de ambigüedad a largo plazo» para el mercado energético español.
INCERTIDUMBRE REGULATORIA
Además, la calificadora de riesgos ha calificado como «crítico» el impacto de estas medidas en la confianza de los inversores en España. «La incertidumbre regulatoria procedente de las acciones del Gobierno podría llevar a que ciertas empresas eléctricas revisen su asignación de capital en España», ha avisado S&P.
«Las nuevas medidas penalizan a las empresas que han empezado a invertir en producir electricidad más limpia, como la procedente de la hidroeléctrica, la nuclear o las renovables», subraya la firma en su informe. También considera que las medidas adoptadas podrán hacer que las plantas nucleares no sean rentables, poniendo «en cuestión» la capacidad y el incentivo económico de sus propietarios para operarlas.
