S&P pone bajo perpectiva ‘negativa” el rating de Enagás

S&P Global Ratings ha puesto bajo perspectiva ‘negativa’ las calificaciones de solvencia de Enagás, Madrileña de Gas y Nortegas, ante el cambio regulatorio propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), bajándolo así desde el sesgo ‘estable’ anterior.

Con este movimiento indica su predisposición a reducir los ratings a las tres compañías si se confirma la regulación cuando la proposición de la CNMC supere el trámite de audiencia y se convierta en definitiva por el fuerte impacto que augura en el negocio de las gasistas.

La rebaja de la nota de solvencia depende, en cualquier caso, también de la capacidad de sus gestores para arbitrar medidas de mitigación para proteger las calificaciones de solvencia, según sugiere la firma en un informe divulgado este jueves.

S&P mantiene, sin embargo, inalterables los ratings y perspectiva ‘estable’ asignados a Naturgy y Redexis, al considerar muy inferior el efecto que sobre su negocio tendrían las normas anunciadas por la CNMC.

El proyecto presentado por la CNMV implicaría una caída promedio del 17,8% en los ingresos para la distribución de gas durante los seis años de aplicación que estipula en la norma y del 21,8% en la transmisión de gas y regasificación, algo que S&P Global Ratings ya apuntó que dañaría los ingresos de las gasistas.

La CNMC puso a consulta su proyecto de reforma el pasado 5 de julio y se encontrará abierto a sugerencias, quejas o peticiones hasta el próximo 9 de agosto. Una vez finalizado el trámite de información pública, la CNMC analizará las alegaciones de los agentes y aprobará las circulares normativas definitivas antes del 1 de enero de 2020. Estos cambios tendrán efecto en el próximo periodo regulatorio, que comienza en 2020 hasta 2025 en electricidad y en 2021 hasta 2026 en gas.

En las circulares propone una metodología de fijación de los peajes energéticos que supondrían un recorte de algo más de 1.000 millones de euros de la retribución percibida por las compañías eléctricas y de algo más de 500 millones para las empresas gasistas.

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