Subir el IVA a bebidas azucaradas provocaría caída de ventas de hasta 370 millones y pérdida de 6.156 empleos

La subida del impuesto del IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, medida que pretende incluir el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 202, podría provocar una caída de las ventas de hasta 370 millones de euros y la pérdida de 6.165 empleos en España en el peor escenario, según los datos del informe realizado por PWC sobre fiscalidad a alimentos y bebidas, elaborado a instancia de Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Hostelería de España, Marcas de Restauración, Promarca y FIAB.

La directora de Strategy & Economics de PwC, Anna Merino, ha explicado que el estudio se ha llevado a cabo con dos escenarios, pero que en ambos se dan una caída de las ventas, impulsada por el descenso del consumo, así como pérdida de empleo y del valor añadido bruto (VAB).

De esta forma, la caída de la facturación directa podría oscilar entre los 119 millones de euros a los 370 millones de euros, mientras que el VAB oscilaría entre los 110 millones de euros y los 334 millones de euros.

Merino ha advertido del fuerte impacto que tendría en el empleo, sobre todo en zonas ya afectadas por la despoblación al impactar directamente a los entornos rurales. «La imposición de este impuesto podría implicar una pérdida de entre 1.980 y 6.156 puestos de trabajo», ha avanzado.

Merino ha señalado que esta política fiscal agravaría la crisis sobre el consumo y perjudicaría a las «rentas más bajas, que están siendo las más afectadas». Los hogares con el nivel socioeconómico más bajo,
cerca de 4,7 millones, suponen el 17% de la renta nacional y acabarían soportando el 22% de la recaudación del impuesto.

PROPUESTA «INJUSTA Y DISCRIMINATORIA»

Por su parte, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha asegurado que la propuesta del Gobierno de subir este impuesto es «injusta y discriminatoria», además de considerar que llega en «el peor momento posible, cuando hay que tomar medidas que impulsen el consumo y reactiven la economía».

De esta forma, la industria agroalimentaria ve una «falta de criterio» del Gobierno después de haber anunciado previamente que no se iban a subir las tasas impositivas. «Ahora toman esta decisión cuando las circunstancias económicas no invitaban a ello y que claramente tiene afán recaudatario».

«Estamos toda la cadena agroalimentaria junta en contra de esta medida que no va a solventar el tema de salud e impactará en el consumidor final. Hacemos un llamamiento al Gobierno en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a la Cámara a que sean sensibles, ya que no es momento de subir ningún tipo de impuestos, ni el IVA ni el del plástico de un solo uso», ha subrayado García de Quevedo.

El director general de FIAB ha incidido que en la propuesta presupuestaria del Gobierno también destaca el impuesto al plástico de un solo uso. «Estamos de acuerdo con el proyecto de ley de establecer medidas para proteger el medio ambiente, pero no en éste impuesto que no consigue ese fin. Es injusto que se grave a todo el plástico y no se centre en el problema principal», ha señalado.

IMPACTO NEGATIVO EN EL CAMPO

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha advertido de que esta medida también tendrá una «repercusión negativa» en el sector agrario. «No es una medida que Sanidad esté diciendo, parece que ha sido el Ministerio de Consumo que quiere sanear las cuentas a base de impuestos», ha lamentado.

«Como sector agrario estamos muy preocupados, porque este impuesto puede tener consecuencias muy negativas para algunas comunidades autónomas como Castilla y León», ha recordado Barato, sobre el impacto que podría tener a la industria de la remolacha.

Por su parte, el director general de Aecoc, José María Bonmatí, ha reiterado que esta tasa es «injusta, discriminatoria, regresiva y que llegaría en el peor momento para los ciudadanos y para la hostelería».
«Estamos ante un problema de salud, que es global y multisectorial que requiere un enfoque holístico», ha indicado.

La secretaria general de Marcas de Restauración, Paula Nevado, ha calificado de «inefeciente, injusta e innoportuna» esta medida para la hostelería, uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del coronavirus.