Agricultores y consumidores coinciden en los beneficios que les reportan los canales cortos de comercialización como grupos de consumo o supermercados cooperativos y reclaman “más apoyo y reconocimiento” hacia una alternativa “real” frente a la venta a pérdidas y para el mantenimiento de las pequeñas y medianas explotaciones agroalimentarias a la que auguran “un gran futuro”.

Así lo defendieron, en declaraciones a Servimedia, el responsable de la Cadena Alimentaria de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andoni García; el portavoz de Facua, Rubén Sánchez; el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner, y el secretario general de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios Hispacoop, Félix Martín Galicia, quienes valoraron iniciativas como SuperCoop, un supermercado cooperativo e inclusivo que abrirá sus puertas en un espacio del Mercado de San Fernando del barrio madrileño de Lavapiés en la primera mitad de 2020.

Uno de sus más de 700 socios, Carlos Sánchez, explicó a esta agencia la importancia de la consolidación de este tipo de proyectos, que defienden una forma de consumo “absolutamente responsable con el medio ambiente, más social e integrador” y que implican el restablecimiento de unas “relaciones humanas de proximidad con los productores que se han perdido en las últimas décadas”.

Tras precisar que, para conseguir un “proyecto estable”, económicamente viable y sostenible a largo plazo, sería necesario alcanzar los 1.500 cooperativistas, señaló que el único requisito para formar parte de él es aportar 100 euros y disponer de tres horas al mes para trabajar de forma voluntaria en la gestión de este supermercado colaborativo.

La iniciativa, que surgió en 2018 en el marco de la plataforma Mares, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, y que está alineada con los postulados de la Agenda 2030, busca obtener la “soberanía alimentaria” por parte de los consumidores interesados en acceder a una oferta “completa de alimentos saludables, ecológicos y de calidad”, producidos sin químicos ni pesticidas y que podrán adquirirse a un precio “asequible y justo”.

Para ello, en su selección se seguirán criterios de cercanía, calidad y precio con el fin de luchar contra el actual “abuso” del que, según Sánchez, es víctima el productor en su relación con las grandes distribuidoras.

Sus impulsores, vecinos del barrio inspirados en experiencias como la de Park Slope Food Coop de Brooklyn (Nueva York), ya han comenzado a contactar con un grupo de proveedores y están negociando con productores con la idea de ofrecer de inicio en sus lineales productos como aceite, verduras y conservas.

En paralelo, han lanzado una iniciativa de micromecenazgo en la plataforma ‘Goteo.org’ para conseguir financiación para la compra del equipamiento de las instalaciones, aún en obras, y que, en su primera ronda, ya ha logrado el apoyo de más de 100 “financiadores” que han aportado 6.000 de los 22.300 euros que necesitan como mínimo.

VENTA A PÉRDIDAS

Sánchez se mostró convencido de que este tipo de canales cortos de comercialización representan una “alternativa real” a las ventas a pérdidas, reflexión en la que coincide con el responsable de la Cadena Alimentaria de COAG, Andoni García, quien aseveró que las reivindicaciones que los agricultores llevan semanas planteando a través de sus movilizaciones “van claramente en beneficio de los consumidores y defienden sus intereses”.

Y ello, porque el modelo de agricultura que defienden, en “crisis estructural”, garantiza “de forma muy clara”, a su entender, la producción de alimentos con “total garantía” higiénico sanitaria y es la “respuesta a sus demandas de calidad y respeto al medio ambiente y defensa del bienestar animal” al tiempo que suponen un motor económico para preservar “con vida” al medio rural.

“Si se pierde este modelo y los alimentos tuvieran que importarse de cualquier parte del mundo, los consumidores se encontrarían con una comida que es directamente basura, producida de manera totalmente industrial y sin cumplir los parámetros que la UE exige”, sentenció para, a continuación, denunciar la “competencia absolutamente desleal” de estas producciones, que están “tirando el precio en origen sin que el consumidor sepa, en muchas ocasiones, qué productos está comprando”.

COAG lleva “muchos años trabajando junto a los consumidores” por la consolidación de este tipo de propuestas “más sociales, sostenibles, abiertas y justas” y ha impulsado una relación “más directa” entre ambos actores a través de la Red de Agricultura de Responsabilidad Compartida (ARCO) con el convencimiento de que el “futuro” del campo español “pasa por que el consumidor busque la cercanía e integre para sí mismo lo que representan los productores como elemento propio de una identidad común”.

Por esta razón, abogó por crear redes de distribución entre agricultores y consumidores y lamentó el que estos nuevos circuitos de comercialización “no han tenido ningún tipo de apoyo” por parte de la administración a pesar de que también “posibilitan” la incorporación de los jóvenes a la agricultura.

Por el contrario, se han encontrado con “muchas dificultades en la normativa higiénico sanitaria, que está hecha para las grandes empresas y no se ha adaptado para posibilitar la transformación en pequeñas explotaciones, a pesar de la recomendación clara de la UE”. “No se trata de flexibilizar los términos sanitarios”, advirtió, para señalar que Francia, Italia, Alemania o Austria cuentan con normativas “absolutamente garantistas para el consumidor” en este ámbito.

CONSUMIDORES

Por su parte, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, llamó a “potenciar” estas nuevas fórmulas de comercialización que, a su entender, pueden ayudar a reducir la “especulación en los precios” si bien instó al consumidor a mantener una “visión solidaria y a asumir que no podemos o no debemos comprar productos muy baratos a costa de la explotación del sector primario”. “A la hora de comprar, quizá deberíamos pensar no en lo mejor para el consumidor sino en lo más justo a nivel global”, apostilló.

Como “elementos importantes” a mejorar en torno a este tipo de canales citó la regulación de la imposición de informar del precio de origen en frutas, verduras y hortalizas o la implementación de nuevos protocolos de verificación de calidad y etiquetado de los productos para que el consumidor no sea “engañado” y sea posible “localizar, sancionar y erradicar” estas prácticas.

Unas peticiones de información y “transparencia” en las que también incidió el presidente de CECU, Fernando Móner, quien dio la “bienvenida” a este tipo de formatos cooperativos al entender que lo “mejor para el consumidor es la competencia que representan» al tiempo que le ofrecen una serie de opciones de cercanía y profesionalidad que, «posiblemente, no le puedan dar otros”.

Móner aseguró que la situación “límite” del campo español es “culpa de todos, hasta del propio consumidor que debe poner en valor sus productos y, entre sus hábitos, puede incrementar el consumo agroalimentario de alimentos de cercanía”.

Finalmente, el secretario general de Hispacoop, Félix Martín, subrayó la urgencia de “estudiar” la cadena de distribución de los productos agroalimentarios para encontrar las causas de las diferencias de precio en lineal y en origen así como la cadena alimentaria en su conjunto para encontrar “ineficiencias y corregirlas” sin que sea el consumidor quien “pague” por ellas.