“El Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria aportará más claridad, seguridad, equilibrio, innovación, calidad y una mejor percepción de los consumidores sobre los productos alimentarios”. Así de contundente se ha mostrado la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la firma de dicho Código, en el cual están suscritas las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAJA, COAG y UPA; la Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (ASEDAS).
Es la primera vez que se establece un código para toda la cadena alimentaria, algo “absolutamente estratégico en nuestro país” por su importancia social y económica, afirmó la ministra.
El Código de Buenas Prácticas Mercantiles establece los principios sobre los cuales han de fundamentarse las relaciones comerciales y las prácticas mercantiles, además de las circunstancias de adhesión y las bajas que se produzcan. Es un código que “nos acredita a todos ante la sociedad y, en especial, a aquellas empresas interesadas en poner de manifiesto ante los consumidores su responsabilidad social”, sentenció Tejerina.
Sus principios son el equilibrio y la justa reciprocidad entre las partes, la libertad de pacto, la buena fe, el interés mutuo, la equitativa distribución de riesgo y responsabilidades, la cooperación, la transparencia, el respeto a la libre competencia en el mercado y la sostenibilidad en la cadena alimentaria. Al mismo tiempo, se establecen una serie de compromisos y prácticas comerciales, unas comunes a todos y otras más específicas, y fija unos compromisos adicionales que tienen como objetivo garantizar la calidad de los productos alimenticios, reducir el volumen de desperdicio alimentario y reforzar la cooperación entre los operadores ante crisis de mercado.
Otro tema importante en el Código es la mediación y la resolución de conflictos, dos aspectos cuyo fin es solucionar los posibles problemas entre las partes con la máxima diligencia posible.
Para la interpretación y determinación del alcance de las cláusulas se ha establecido una Comisión de Seguimiento del Código, que fija un sistema de control de su cumplimiento.
Yasmina Pena
