La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha insistido en que ningún agricultor ni ganadero «podrá cobrar ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) sin tener actividad en su explotación», y ha avanzado que habrá una campaña informativa para aclarar las dudas a este respecto.

Así lo ha señalado este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Congreso, a petición propia y del PSOE, para explicar los seis reales decretos que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre con la normativa de aplicación de la PAC para el período 2014-2020.

Unos decretos con los que culminan «tres años de intenso trabajo» de «diálogo y consenso» tanto con la UE como con las comunidades autónomas y los profesionales, y que se refieren a la definición de agricultor activo y actividad agraria, al sistema de pagos directos, a la condicionalidad, al programa de apoyo al sector vitivinícola o a la coordinación de autoridades de gestión de desarrollo rural, entre otros asuntos.

Con estas normas se regulan los procedimientos de asignación y utilización de los más de 47.000 millones de euros de fondos comunitarios que corresponden a España por la nueva PAC entre ayudas directas (37.705 millones), desarrollo rural (8.291 millones), y medidas de mercado (más de 3.000 millones). «Ningún otro sector de la economía española tiene asegurado un apoyo similar en los próximos años», ha destacado Tejerina.

AGRICULTOR ACTIVO

Así, la titular de Agricultura ha explicado que la regulación aprobada –convenientemente adaptada a las recomendaciones de Bruselas– determinar que las ayudas de la PAC sólo se concederán a agricultores que consigan al menos el 20% de sus ingresos de su actividad, de modo que se «garantice que quienes reciben las ayudas son quienes corren con el riesgo empresarial de la explotación».

«Los beneficiarios que no cumplan esta regla podrán recibir ayudas, pero serán objeto de control y deberán demostrar que asumen directamente el riesgo empresarial mediante la acreditación de gastos y demostrando que realizan una actividad anual de producción o de mantenimiento de tierras», ha precisado.

En este sentido, sólo se asignarán derecho de cobro a las superficies los ganaderos sobre pastos, para evitar que se destinen «centenares de miles de millones» a hectáreas sin actividad «como ha sucedido en los últimos años», habrá que estar inscrito en un registro de explotaciones agrícolas que se regulará próximamente, deberán cumplirse unas actividades de mantenimiento anuales cuando no se declare un cultivo y existirá una carga ganadera mínima sobre las superficies de pastos.

«Se sientan las bases legales para que nadie pueda cobrar las ayudas de la PAC sin tener actividad en su explotación. Hemos aprovechado todos los resortes disponibles, adaptando los decretos a los requisitos de la Comisión Europea (CE), para que sólo reciban ayudas las explotaciones que realmente desarrollan actividad económica», ha resumido la ministra.

Durante la réplica, ha insistido en que «el mensaje de que se puede cobrar sin hacer nada es meter a los agricultores y ganaderos en una enorme trampa» porque con la nueva PAC se da «un enorme paso hacia la profesionalización de la actividad» y se introducen «muchos requisitos» a cumplir para poder recibir ayudas.

CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODOS LOS SECTORES

Otros cuatro decretos regulan el sistema de pagos directos, que incluyen varios tipos de ayudas desacopladas (es decir, vinculadas a la hectárea de superficie admisible y no a un cultivo concreto). Así, el pago básico –que se llevará algo más de 18.850 millones– se repartirá siguiendo criterios de potencial agronómico y socioeconómico, según un modelo de 50 regiones, diferenciando las características y usos de las diferentes superficies.

Por su parte, se destinará el 12% del presupuesto a ayudas acopladas para sectores con «especiales dificultades» como el ganado caprino o el vacuno de leche –cuyas ayudas aumentan un 324% y un 56% respectivamente–, las ayudas por vaca nodriza, las nuevas ayudas para el arroz o las ayudas para la remolacha –que aumentan un 75%–. «Las necesidades de todos los sectores han quedado cubiertas», ha asegurado la ministra.

Las ayudas de la PAC también incluyen el ‘greening’, que se llevará el 30% de los fondos y que finalmente no estará condicionada por requisitos adicionales para los cultivos permanentes. Asimismo, se elevan los umbrales de aplicación de esta ayuda por diversificación de cultivos y se crea un nuevo límite para aplicar los requisitos de superficies de interés ecológico.

Por último, las ayudas a jóvenes agricultores recibirán un 2% del total, con el objetivo de que en los próximos siete años se incorporen al sector unos 5.000 nuevos productores. Para ello, los menores de 40 años que soliciten ayudas recibirán derechos de pago básico gratuitos de la reserva nacional y complementos de pago en cinco años.

OTROS CAMBIOS

Los decretos regulan otros aspectos, como el sistema de pago básico que debe ponerse en marcha este año para poder asignar los nuevos derechos de cobro, lo que incluye la regionalización con base en criterios administrativos, agronómicos y de potencial productivo para «establecer un modelo uniforme de aplicación de la PAC en todo el país».

Así, habrá nuevos derechos en función de la región en la que se encuentre la explotación y partiendo de los pagos percibidos en 2014 y de los derechos asignados en 2015. Además, se establece que en 2019 ningún pago será inferior al 60% del valor medio, y que los productores que se encuentren entre el 60% y el 90% de la media deban aproximarse parcialmente a ese dato mediante una reducción progresiva que nunca podrá superar el 30% de lo percibido este año ni dejar a ningún profesional por debajo de la media.

García Tejerina ha explicado que de momento no se puede conocer el importe concreto que cobrará cada profesional, ya que primero deben presentarse las solicitudes para conocer el número de beneficiarios y la superficie, lo que sucederá a final de año. Posteriormente se repartirán los importes de pago básico entre regiones y, así, se calculará la convergencia por cada región.

«En diciembre previsiblemente se conocerá la asignación de derechos, pero sin el ‘greening’, que no se conocerá hasta 2016», ha añadido la ministra, que reconoce que algunos agricultores y ganaderos perderán dinero por la «decisión conjunta» de reservar más recursos para ayudas acopladas y para los jóvenes.

El Gobierno también ha regulado la aplicación de oficio «salvo renuncia expresa» del régimen administrativo simplificado para los 410.000 pequeños agricultores que reciben ayudas inferiores a 1.250 euros anuales; y la condicionalidad para poder recibir pagos de la PAC en función del cumplimiento de normas medioambientales y agrarias.

MERCADOS ESPECÍFICOS

García Tejerina se ha referido también al real decreto de apoyo al sector vitivinícola, que introduce apoyos específicos para la innovación en productos o procesos productivos y la transferencia de conocimientos. Asimismo, se introducen nuevas ayudas por replantaciones de viñedos arrancados por causas sanitarias, y se permite cosechar uva verde en caso de perturbaciones en el mercado.

Durante el primer semestre de este ejercicio, el Ejecutivo prevé aprobar el marco legal para pasar del sistema actual de derechos de replantación de viñedos al nuevo sistema de autorizaciones, así como el marco legal para poder crear organizaciones de productores en los sectores de frutas y hortalizas y tabaco.

Finalmente, un último decreto aprobado por el Consejo de Ministros crea una autoridad nacional de coordinación de autoridades de gestión que mejorará la interlocución administrativa sobre los programas de desarrollo rural, en aras a «asegurar su coherencia» e introducir medidas de interés general de ámbito supraautonómico.

EUROPA PRESS