Telefónica ha elevado al 38% el porcentaje máximo de salidas en las áreas consideradas estratégicas en el marco del programa de salidas voluntarias que negocia con los sindicatos y que podría afectar así a un máximo de 2.980 empleados, con opción a inscribirse desde el 1 de febrero.

La compañía ha trasladado a los sindicatos su oferta final sobre el Plan de Suspensión Individual(PSI), al que podrían acogerse 4.532 trabajadores de la empresa que cumplan con los requisitos de tener 54 años y más de 15 años de experiencia en la firma, según traslada UGT.

Los sindicatos han elevado las condiciones a los órganos consultivos para que estos y el conjunto de sus afiliados tomen una decisión, si bien desde UGT se remarca que es «fundamental alcanzar un acuerdo que permita a la compañía afrontar (…) el inmediato futuro».

Esta decisión se tomaría a principios de la semana que viene en el caso de Comisiones Obreras y UGT, según han trasladado a Europa Press ambas organizaciones.

De aprobarse el plan, los empleados que se acojan saldrían de la empresa con un 68% de su salario si nacieron en 1967, o un 65% si lo hicieron en años posteriores.

Unido a este acuerdo, habría otro que se traduciría en la extensión del convenio colectivo con subidas salarias y bonos para compensar la inflación, así como un pacto social y de empleo.

LA PROPUESTA FINAL

Así, la propuesta final incluye varias novedades tras las últimas demandas sindicales como la posibilidad de que las personas que soliciten el PSI y su petición no sea aceptada queden registradas para que no sufran penalizaciones en futuros procesos.

Además, los empleados que no puedan acceder a una jubilación a los 65 años podrán pedir que la cantidad comprometida en la renta se distribuya en 24 mensualidades más hasta llegar a los 67 años de la jubilación.

Por lo demás, la compañía mantendrá el 100% del coste del convenio con la Seguridad Social, por lo que no supondrá costes para las arcas estatales, y mantendrá la póliza de salud, seguro médico y plan de pensiones hasta los 65 años, siempre y cuando los trabajadores aporten su parte en el último caso.

Además del 38% de adhesión máxima en áreas estratégicas, se podrán adscribir el 75% de los trabajadores en áreas con excedente de personal, entre las que hay más de 3.000 empleados elegibles, y la totalidad de los responsables de equipo en posiciones de coordinador, jefe y gerente (214 personas).

Los nacidos en 1967 tendrán prioridad para salir de la compañía, ya que son la generación que no ha podido optar a ninguno de los anteriores PSI. Tras ellos, el segundo criterio será la antigüedad en la empresa.

EXTENSIÓN CONVENIO Y PACTO SOCIAL

Además, Telefónica ha propuesto la prórroga del convenio colectivo hasta finales de 2023 con una revisión salarial del 1,5% de la masa salarial y un plus de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito del convenio que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2023.

De esa cantidad, 150 euros se consolidarán en el ejercicio 2024, mientras que se garantiza que para 2023 no habrá pérdida del poder adquisitivo.

Se mantiene la cláusula de garantía salarial para el periodo 2019 a 2022 (ambos incluidos), manteniendo los términos recogidos en la prórroga del II CEV, así como la incorporación de 400 profesionales nuevos a la empresa.

En cuanto al Plan Social de Empleo, la compañía se ha comprometido a alcanzar un 33% de mujeres directivas para 2024, así como implementar un modelo de flexibilidad definitivo y acelerar la incorporación de perfiles híbridos que combinen aspectos tecnológicos, humanísticos y de negocio o procedentes de la formación profesional.

El nuevo plan contará también con un mínimo del 5% del total de plazas creadas para talento joven para personas con diversidad funcional y una gran oferta de formación continua.

Asimismo, la operadora ha abierto la puerta a analizar y promover una mayor concentración en capitales de provincias y núcleos poblacionales importantes, así como valorar nuevas oportunidades gracias al teletrabajo con la posibilidad de deslocalizar algunas actividades para garantizar empleo en más provincias.