El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó este viernes el Anteproyecto de Ley de Fundaciones, que sustituirá a la vigente Ley 50/2002, de 26 de diciembre. El objetivo de esta futura norma es garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación y del cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan, tanto respecto de la sociedad -a través de los fines que justifican su existencia-, como de las Administraciones públicas, al supervisar su actuación y otorgar, cuando corresponde, beneficios fiscales.
El objetivo de esta futura norma es garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación y del cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan, tanto respecto de la sociedad -a través de los fines que justifican su existencia-, como de las Administraciones públicas, al supervisar su actuación y otorgar, cuando corresponde, beneficios fiscales.

Según informó Justicia, el anteproyecto, formado por 44 artículos distribuidos en 10 capítulos, garantiza la agilización de la constitución de las fundaciones, mediante el asesoramiento que proporcionará el Protectorado único en el ámbito de la Administración General del Estado. Con él se acabará con la dispersión existente con distintos protectorados, en función de los fines de la fundación, lo que genera dudas sobre a cuál acudir.

INFORME DE IDONEIDAD

El interesado en crear una fundación se dirigirá al Protectorado, con el fin de solicitar un informe de idoneidad, adecuación, suficiencia y viabilidad que deberá ser resuelto en el plazo máximo de tres meses. El notario constituirá la fundación y solicitará su inscripción en el Registro único de Fundaciones, que dependerá de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

En el Registro de Fundaciones, que será público y cuyo contenido se presumirá exacto y válido, constarán los actos relevantes relativos a todas las fundaciones que operen en territorio español, lo que permitirá cumplir con las necesidades de publicidad y transparencia que proporcionan un mayor control del uso que se hace de las subvenciones y beneficios fiscales que reciban. Su llevanza se atribuirá al Registro Mercantil.

El anteproyecto refuerza los requisitos relativos a la dotación y elimina la posibilidad de desembolso sucesivo y regula unos principios de buen gobierno, que deben regir la actuación de los miembros del patronato y establece el deber de impulsar la aprobación y difusión de códigos de buen gobierno. En la web se publicarán los datos más relevantes sobre su actividad, cuentas anuales y cargos del patronato, como subvenciones y ayudas públicas recibidas.

EVITAR EL FRAUDE

Para luchar contra el fraude y evitar la utilización instrumental de la fundación, la norma aprobada hoy diferencia entre las actividades propias, que la fundación desempeña para el cumplimiento de sus fines, y las mercantiles, que se pueden realizar como forma de financiación de la fundación.

Sólo las fundaciones que cumplan con las exigencias legales se beneficiarán de las subvenciones y beneficios fiscales que a menudo reciben las entidades sin ánimo de lucro.

En este sentido, se clarifica la obligación que ya establecía la ley de 2002 de destinar a fines fundaciones al menos el 70% de los rendimientos obtenidos por la fundación. También se regula la contratación de personas o entidades vinculadas a la fundación.

MULTAS DE HASTA 30.000 EUROS

Además, se introduce un régimen sancionador que corresponderá aplicar al Protectorado. Los sujetos responsables serán los patronos y el secretario del patronato que no se encuentre entre los primeros, si se determina su responsabilidad individual en la infracción cometida.

Estas se dividirán entre leves, graves y muy graves y serán sancionadas con un abanico que va desde la amonestación a multas de entre 1.000 y 30.000 euros, pérdida del cargo de patrono o del órgano de gobierno que ocupe e inhabilitación para desempeñar esos puestos de entre cinco y diez años.

A las causas de extinción ya previstas actualmente en la normativa se añade la de incumplir las obligaciones de presentar cuentas anualmente o planes de actuación durante tres ejercicios continuados. Con ello se pretende reducir el porcentaje significativo de fundaciones inscritas que están inactivas.