En diciembre del 2014 celebramos el décimo aniversario de una Ley, la de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, promulgada un 28 de diciembre. Como un presagio, resultó ser una gran inocentada para nuestra economía. Bajo el pretexto de que nuestra jurisdicción ampara el pacto entre las partes en el ámbito privado, sus señorías aprobaron una norma que nos llevó en 2008 a ser el país de Europa con los plazos de pago más amplios, sólo detrás de Grecia.
Para los que se pregunten “¿ qué consecuencias tiene este hecho?”, permítanme que les apunte que los países y las empresas que tardan más en cobrar necesitan más financiación, por lo que son menos viables. Y menos competitivos, al tener que pagar los intereses correspondientes a esa financiación. Si además añadimos, como explicó el Sr. Bertok, Director de Public Sector Integrity de la OCDE, que “la morosidad es el caldo de cultivo para la corrupción más importante en las administraciones”, tenemos una de las principales explicaciones de porqué, en nuestro país, se han cerrado mas empresas que en los países de nuestro entorno y se han destruido más puestos de trabajo. Piensen que una de cada tres empresas que ha cerrado lo ha hecho directa o indirectamente gracias a la morosidad.
Frente a la ley de 2004, y una vez demostrado que la posición de dominio de las grandes compañías y las AAPP imponía plazos de pago superiores a los 200 días a pymes y autónomos, surgió una movilización de la sociedad civil a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM). La PMcM consiguió en 2010 la aprobación de otra ley qué, por fin, no permitía el pacto entre las partes.
El siguiente paso fue la aprobación de una nueva Directiva Europea en materia de morosidad, que ratificaba la línea en la que se había aprobado nuestra ley de 2010. Ambas leyes, la española y la europea, imponen plazos máximos de pago de 30 días a las AAPP y de 60 al sector privado. La realidad actual es que, las AAPP, con algunas mejorías con respecto a períodos anteriores, continúan pagando por encima de la exigencia legal. Y si hablamos de empresas, las Pymes y autónomos pagan mejor que las grandes, que continúan manteniendo su posición de dominio.
El ejemplo de los datos del mercado continuo nos ilustra: según un estudio de la PMcM, las empresas cotizadas en Bolsa (excluido el sector financiero), cobran a un plazo medio de alrededor de 80 días y pagan a 184. ¡Más de tres veces lo que marca la ley! Y lo que es peor: el importe pagado fuera del plazo legal ascendería a unos 68.000 millones de Euros. El ahorro en coste de financiación e intereses de demora generado por el incumplimiento de la Ley ascendería a unos 4.000 millones de Euros, aproximadamente el 35% de los beneficios que obtienen.
La mayoría de estas empresas presumen de sellos de Responsabilidad Social Empresarial.
¿Quiénes son las víctimas de estos abusos? ¿Por qué se producen? Claramente, las principales víctimas son pymes y autónomos, tal como demuestran numerosos estudios de plazos de pago según tamaño de la empresa. Y esto sucede porque, pese a contar con las leyes que lo prohíben, se ha demostrado que éstas son condición necesaria, pero no suficiente para recortar los plazos de pago.
Para paliar esta realidad y sus efectos , el pasado 11 de febrero la PMcM celebró su tercera cumbre político-empresarial, en la que presentó un manifiesto de “Tolerancia cero con la morosidad”. Frente al abuso y sus consecuencias, todos los grupos parlamentarios se comprometieron a incorporar en sus programas electorales los diez principios del manifiesto. No obstante, si se cumpliera el primero, la implantación de “un régimen sancionador ”, algo habría cambiado definitivamente.
Antoni Cañete
Presidente PMcM
