El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, afirmó hoy que considera «pertinente» la propuesta de la comisión que investiga el uso de las tarjetas opacas por parte de miembros del sindicato, cuya afiliación actualmente se encuentran suspensión cautelar, de expulsarles de la organización.

Durante una rueda de prensa, Toxo afirmó que se sienten «avergonzados» y que estas tarjetas «nunca debieron aceptarse ni utilizarse, porque no tenían control fiscal ni administrativo» y actuaban de «sobresueldos», lo que les produce «indignación».

El líder de CCOO también afirmó ser «plenamente consciente de que han fallado los controles del sindicato», lo que merece el «máximo reproche», y que deben «actualizar» sus reglamentos para que esto «no se vuelva a producir». Asimismo, reconoció que «no caben excusas» y que «hay que actuar».

Por su parte, el secretario de Comunicación del sindicato, Fernando Lezcano, explicó que han centrado la investigación en tres «aspectos fundamentales»: la existencia de las tarjetas, las cantidades gastadas y los conceptos. Respecto al primero, a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, se mostraron en disposición a colaborar con la justicia.

No obstante, desde CCOO también criticaron la negativa de la Fiscalía, de Bankia y de la Audiencia a facilitar a su comisión de investigación toda la documentación sobre el caso. «No hemos obtenido información útil para la investigación, hemos trabajado con la misma información que los medios», aseguró Lezcano.

En este sentido, Toxo reprochó que los medios obtuvieran los documentos antes que ellos, ya que el pasado viernes el actual presidente de la entidad bancaria, José Ignacio Goirigolzarri, le comunicó por teléfono que no podía darle la información pero «una hora después los medios digitales empezaron a publicar las hojas con los gastos».

SANCIONES

Lezcano explicó que tras dirigirse a los sindicalistas implicados en el uso de las tarjetas, recibieron una respuesta «diferenciada». Mientras cuatro de ellos se habían dado de baja de la organización sindical tras saltar el escándalo, los otros dos, Pedro Bedia y Gabriel Moreno, permanecían afiliados pero remitieron a la comisión un informe con su visión de los hechos.

No obstante, desde CCOO insistieron en que los seis implicados se encuentran en suspensión cautelar dentro del sindicato a la espera de que se pronuncien los órganos de garantía, que «son los que tomaran la decisión final», afirmó Toxo.

Asimismo, el secretario de Comunicación afirmó que van a seguir con la instrucción de los expedientes abiertos, incluidos los de aquellos que han abandonado el sindicato, porque «no queremos eludir la responsabilidad de CCOO hacia sus afiliados y hacia la ciudadanía» y que la sanción «no se convierta en una burla».

Respecto a la sanción, Toxo declaró que «afectará a todas las personas», pero matizó que no sabe si será la misma para todos, ya que puede que haya «distintos niveles de responsabilidad porque los gastos no eran los mismos para todos», e insistió en que la expulsión es «la máxima sanción que contemplan nuestros estatutos».

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Toxo también reconoció que tienen que revisar la presencia de afiliados en los consejo de administración de las empresas privadas al plantearse si esto «tiene sentido» y afirmó que en su sindicato deben tomar una «decisión final» en torno a este tema «con independencia de que se pongan en marcha un debate a nivel nacional».

«Nos ha costado más que nos ha beneficiado la presencia en los consejos de administración», concluyó el secretario general de CCOO, al tiempo que aseguraba que «no ha habido ninguna transacción de los recursos de las tarjetas al sindicato».

Por último, Toxo pidió disculpas a los afiliados y los ciudadanos y lamentó públicamente lo sucedido, a la vez que insistía en que «con los impuestos de la ciudadanía se han dejado miles y miles de euros en el saneamiento de las cajas», algo que «no está constando tan caro a los ciudadanos de este país».

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