El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha presentado este lunes una nueva propuesta para lograr un acuerdo sobre la reducción de jornada que incluya a CEOE y Cepyme en la que les ofrece una mayor «flexibilidad» en la capacidad de las empresas para distribuir irregularmente el tiempo de trabajo una vez que entre en vigor la rebaja propuesta por el Gobierno de 37,5 horas semanales en 2025.
Tras reunirse con los agentes sociales en una nueva reunión de la mesa de diálogo social sobre reducción de jornada, Pérez Rey ha precisado en rueda de prensa que las empresas pueden actualmente distribuir irregularmente hasta un 10% de la jornada anual.
Lo que propone Trabajo ahora es que ese 10% quede referido a la jornada que tuvieran las empresas a la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida.
«Eso da un mayor margen en las jornadas irregulares que entendemos que pueden ser útiles para que las empresas puedan ir cuanto antes al módulo nuevo de las 37 horas y media», ha apuntado Pérez Rey.
El secretario de Estado ha explicado que es una propuesta que, básicamente, ofrece «algunos márgenes más de distribución irregular de la jornada», lo que puede beneficiar, por ejemplo, a aquellos sectores con ciclos productivos inconstantes a lo largo del año, como la agricultura o algunas actividades relacionadas con la hostelería, donde hay una mayor carga de trabajo en verano o en el momento en que hay que recoger los frutos.
«Esta mayor capacidad de distribución irregular durante el periodo que estimamos que vamos a aplicar la reducción de jornada permitirá mayor adaptación a esos sectores productivos», ha dicho Pérez Rey, que ha dejado claro que la vocación del Ministerio de Trabajo es alcanzar un acuerdo «con todas las partes que están sentadas en la mesa», incluyendo a CEOE y Cepyme.
Pérez Rey ha subrayado que la mesa hoy «ha avanzado» y que las patronales han ofrecido una mayor concreción de sus propuestas, que pasan, básicamente, por el hecho de que las medidas de flexibilidad no sean puramente temporales y en conseguir un mayor margen transitorio de adaptación para las 37,5 horas.
«En ambos elementos tendremos que estudiar cuáles son estas posibilidades de mayor flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo y cuáles son estas posibilidades de una mayor flexibilidad en la entrada en vigor de las normas que reducen la jornada, pero tiene que quedar claro que estamos negociando para llegar a un acuerdo y que es el acuerdo el que nos anima a llevar a cabo el estudio de todas estas medidas y es el acuerdo el que justificaría que tuviéramos presentes medidas como las que la patronal está reclamando», ha insistido el secretario de Estado.
Precisamente, preguntado por si el Gobierno estaría dispuesto a ampliar el plazo para la entrada en vigor de las 37,5 horas, previsto para 2025, el secretario de Estado ha afirmado que «hay muchas maneras de, junto con la negociación colectiva, establecer una entrada en vigor que sea lo suficientemente flexible para que nadie tenga que incorporar de golpe y porrazo una reducción de jornada que podría no asimilar».
«Es que eso, realmente, el Ministerio no lo ha planteado en ningún momento. Esta es una medida que está aquí para quedarse durante otras cuatro décadas. Esta es una medida esencial que va a reformular las relaciones laborales en las próximas décadas. Entonces, es evidente que no se trata de hacerla de manera desordenada o de generar un impacto por su entrada en vigor acelerada. Se trata, por tanto, de buscar esas medidas de flexibilidad y la mesa de diálogo social está para buscarlas», ha añadido.
En su opinión, la nueva propuesta del Ministerio ha sido «bien valorada» en su conjunto, aunque las cuatro organizaciones presentes en la mesa (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) han pedido tiempo para analizarla en profundidad.
AGRAVANTE EN LAS SANCIONES
Pérez Rey ha explicado además que Trabajo ha incorporado en su nueva propuesta un agravante para aquellas infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo que pueden provocar daños a la salud de los trabajadores.
«El problema de la jornada no es sólo ganar bienestar, es que las jornadas excesivas, las jornadas desproporcionadas, el trabajo de sol a sol mata y lo vemos cuando hay circunstancias climáticas adversas, pero también lo vemos cuando produce el agotamiento derivado de jornadas excesivas en ámbitos como el transporte. Por lo tanto, también hemos propuesto esa agravante en materia de sanciones cuando los excesos de jornada que incumplen la ley ponen en riesgo directamente a las personas trabajadoras de nuestro país», ha explicado.
Preguntado por si este agravante implicará un aumento de las sanciones inicialmente propuestas en esta negociación (hasta 10.000 euros por trabajador con el que la empresa incumpla la ley), Pérez Rey ha indicado que no se trata tanto de las cuantía, sino que la sanción pase a considerarse de grave a muy grave.
Sobre los plazos que se marca el Gobierno para alcanzar un acuerdo, Pérez Rey ha señalado que en ninguna mesa de diálogo social ha puesto plazos y que la intención de Trabajo es «dejarse la piel para alcanzar un acuerdo cuanto antes».
«Cuando digo cuanto antes es si lo puedo alcanzar la semana que viene, mucho mejor que la próxima», ha precisado Pérez Rey, que ha añadido que en este contexto hay que tener en cuenta cuáles son los compromisos temporales del propio Gobierno a la hora de llevar a cabo la reducción de jornada.
