Fuentes de la Seguridad Social explicaron, en el marco de un desayuno informativo organizado por Europa Press, que “probablemente” sea el IPC de diciembre el que se utilice para el cálculo de la paga compensatoria, que se abona en enero para compensar la pérdida de poder adquisitivo por el cierre de la inflación a final de año con respecto a la revalorización que aplica el Gobierno. Para este año, el Ejecutivo había aprobado una subida de las pensiones con carácter general del 1,6%, y la inflación cerrará previsiblemente por encima.

Estas mismas fuentes calculan que una décima de diferencia supone unos 128 millones de euros a desembolsar.

La decisión de optar por el IPC de diciembre, en lugar de por el de noviembre como en ocasiones anteriores, responde a motivos contables.

VIABILIDAD DEL SISTEMA

En el citado acto participó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien señaló que el cometido del Gobierno pasa por garantizar la “viabilidad” del sistema público de pensiones a “corto, medio y largo plazo”.

A juicio de Valerio, “deberíamos intentar tener en 2022-2023 el sistema público de pensiones saneado”, que es la fecha en la que se jubilará la generación del ‘baby boom’.

La ministra también se refirió al impuesto sobre las transacciones financieras para decir que es un “aperitivo” y que “hay que inyectar ingresos tributarios, no queda más remedio”.

Pese a que advirtió de que “tenemos el Fondo de Reserva bastante tocado”, lanzó un mensaje de “tranquilidad” a los pensionistas.

Afirmó que no es partidaria de las “visiones de futuro catastróficas en general, y tampoco con la Seguridad Social, porque hemos sido capaces de mantenerla de aquí para atrás, la mantenemos y creo que la vamos a mantener en el futuro”.

Además, mostró su deseo de que en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, tras acordar la revalorización de las pensiones con el IPC, “cuanto antes se rematen” el resto de recomendaciones, que señaló que “están muy avanzadas”.

Preguntada sobre si está a favor de una contratación con indemnización creciente, señaló que “habrá que verlo” y apuntó que no se descarta la posibilidad de implantar la denominada ‘mochila austríaca’, que permite a los trabajadores acumular una parte del salario de cara a su despido y jubilación.

MEDIDAS POR DECRETO

Respecto a la batería de medidas que quiere sacar adelante el Gobierno, como la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, la recuperación de la ultraactividad o la prevalencia del convenio sectorial, la ministra señaló que tiene un “plan ‘A’ y ‘B’” y que se está apostando por el plan ‘A’, que es sacarlas adelante en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

Sin embargo, apuntó “que nadie piense que si se frustra el plan ‘A’ vamos a dejar guardado en el cajón el plan ‘B’”, y resumió que las medidas “o irán en el Presupuesto o irán en reales decretos leyes”. Desveló que algunas están “bastante avanzadas” en el diálogo social.

Valerio también aprovechó para dar la enhorabuena al nuevo presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, elegido la pasada semana en sustitución de Juan Rosell, y le deseó “acierto en sus decisiones”. Reconoció que la subida del SMI no pasó previamente por la mesa de diálogo social, tras las críticas de Garamendi al respecto.

Por último, la ministra citó en su discurso a la Economía Social y destacó que España ocupará la Presidencia en 2020 del organismo europeo que reúne a los 14 países referentes en esta materia.

Subrayó que la Economía Social en España está desempeñando un papel de “liderazgo” y trasladó su enhorabuena al presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, por ello.