Tres de cada cinco empresas españolas han sufrido un aumento de morosidad en 2022

El 65% de las empresas españolas tuvieron que hacer frente a un incremento de la morosidad durante el primer trimestre del año 2022, motivado, principalmente, por la inflación, según un sondeo realizado por la empresa Credit Back.

El estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha vuelto a poner en problemas a la economía española, con las empresas, en especial las pequeñas y medianas, siendo las mayores damnificadas.

Según datos de la empresa Credit Back, tres de cada cinco empresas españolas (65%) han padecido un aumento de morosidad en el primer trimestre del año 2022, lo que supone un incremento del 2% respecto al segundo semestre del año anterior.

«Las empresas españolas están atravesando un momento complicado, pues a la creciente inflación, que ya alcanza niveles inauditos en el último lustro, se le suma el retraso en la entrega de mercancías, lo que hace, en definitiva, que las empresas vean sus cuentas lastradas por la morosidad», explica la abogada del despacho Sanahuja Miranda Abogados Elena Arbiol.

Desde Credit Bank, a su vez, alertan sobre un 2022 que se presenta cargado de riesgos en materia de morosidad, pues su barómetro muestra también que el 11% de las empresas españolas llega a renunciar a sus deudas una vez se provisiona el impago.

Estos datos coinciden con los presentados recientemente por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que señalaba que hasta un 5% de las compañías están en riesgo de cierre por este mismo asunto, los impagos.

LA LEY CONCURSAL Y LOS CRÉDITOS ICO.

Además del clima de incertidumbre generado en torno a la inflación la pequeña y mediana empresa española deberá hacer frente a unos próximos meses complicados, pues coincidirán en junio, por un lado, el fin del periodo de carencia de los créditos ICO, y, por otro, el vencimiento de la moratoria de la Ley Concursal.

Esta excepcionalidad obligará a los Gobiernos y la Administración a plantear soluciones y tomar medidas urgentes para garantizar la solvencia de las pymes y autónomos, que verán su riesgo de impago con todavía mayores posibilidades de crecimiento.

«Si las pymes quedan fuera de estas medidas, acabarán recurriendo al endeudamiento, una vez más, para hacer frente a sus obligaciones surgidas a raíz de la pandemia», asegura la abogada de Sanahuja Miranda.

Es por esto que, en última instancia, los abogados instan a una ampliación de esta moratoria y a una revisión de los nuevos criterios de estos créditos ICO, de forma que puedan cumplir su objetivo y evitar que queden fuera de su clasificación centenares de negocios y empresarios españoles.