Concretamente, las ONG han acordado presentar un escrito de interposición ante el Tribunal Supremo, competente en los recursos contra el Gobierno español, en el que exponen los motivos que tienen para iniciar una demanda contencioso-administrativa. Cuando ese órgano judicial lo admita a trámite, interpondrán una demanda con argumentos jurídicos y científicos que obliguen al Estado español a ser más ambicioso en la lucha contra el cambio climático.

Las organizaciones abogan por una reducción de un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2040.

«Hemos decidido en una acción que consideramos histórica acudir conjuntamente a la Justicia y demandar al Gobierno de España para exigir por esa vía que cumpla con sus obligaciones climáticas», apuntó en una rueda de prensa telemática el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, quien añadió: «Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes».

El anuncio de ese proceso judicial se suma a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Actualmente, 39 Estados afrontan demandas de ese tipo, como Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, India y Nueva Zelanda.

El caso más notorio es el de Países Bajos, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo que condena al Gobierno neerlandés a tomar medidas climáticas más ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% a finales de 2020.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

El litigio climático en España se fundamenta en que España carece de dos compromisos que la UE obligaba a presentar el pasado 31 de diciembre: un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), y una estrategia de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050.

Para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados con respecto a la era preindustrial, España debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% hasta 2030 en relación a los niveles de 1990 y llegar a cero emisiones netas en 2040. El Pniec, que es la hoja de ruta climática de España, recoge una reducción de un 23% hasta 2030, según el Plan presentado por el Gobierno a la Comisión Europea.

«La ambición climática es absolutamente insuficiente», sentenció Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace, quien añadió que el recurso ante el Tribunal Supremo se fundamenta en los derechos humanos y en el derecho a un medio ambiente sano.

Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, aseguró que España es el país europeo que más aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2017 y que antes de la crisis económica de 2008 esas emisiones subieron un 54%, para iniciar después un descenso continuado hasta 2013. Indicó que el Gobierno actual es «el más ambicioso en materia de cambio climático», pero ello «no debe ser excusa» para la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo para que cumpla con las obligaciones climáticas del Estado español.

El director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, indicó que el litigio contra España es «histórico en defensa de la sostenibilidad y de los derechos», y comentó que el cambio climático no entiende de fronteras y afecta con más crudeza a los países más vulnerables, mientras los más ricos son los que emiten más gases de efecto invernadero.