A su juicio, atentan contra el “principio de autonomía de la voluntad” y “contra los principios consagrados en la propia convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

A través de una carta enviada a todos los grupos parlamentarios, las dos entidades mostraron su preocupación y rechazo de cara a la reforma 121/000027, que en la actualidad está en tramitación en el Congreso y por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En concreto, alertaron sobre el artículo 259 que se proyecta, porque “asimila el poder general preventivo o con cláusula de subsistencia a la nueva figura de la curatela representativa que se configura en el nuevo texto como la excepción, y como último recurso de apoyo para las personas que lo necesitan en el ejercicio de su capacidad jurídica, pero que, paradójicamente, se consagra como regla general en este artículo”, explicaron.

Para Ceoma y la UDP, esta regla supone estar «sometiendo al apoderado preventivo no sólo al imperativo de obtener autorización judicial para actuar, sino que además les incluye en los supuestos de hipoteca legal pudiendo exigir al apoderado constituir hipoteca sobre sus bienes en garantía de un posible perjuicio que pueda ocasionar por su actuación al poderdante”.

En este sentido, recordaron que “el poder preventivo es una figura que permite la autonomía de la voluntad de la persona, respeta los derechos de la misma y, conforme a los principios de subsidiariedad, mínima intervención y necesidad, permite a la familia organizar la atención de aquellos miembros que la necesitan”. Por tanto, rechazaron dicha norma y solicitaron su supresión.