El sector automovilístico da empleo en España a más de dos millones de trabajadores, distribuidos entre los centros constructores de automóvil, la industria de componentes, concesionarios, distribuidores, talleres, ITVs o servicios.

«La criminalización del diésel, las nuevas homologaciones y el acuerdo de reducción de emisiones han afectado enormemente a un sector que en España está conteniendo sus consecuencias negativas gracias a los acuerdos alcanzados en los diferentes centros de trabajo. Desgraciadamente, la falta de política industrial que llevamos denunciado desde hace años, no ha contribuido a frenar este terremoto ni a hacer frente a los retos que está afrontando ya la industria del automóvil», señala UGT en un comunicado.

El sindicato se queja de que a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, los acuerdos alcanzados en las distintas plantas han actuado como un dique y han conseguido reducir los efectos del terremoto, «pero para afrontar el tsunami que le acompaña van a ser imprescindibles medidas de política industrial dirigidas a salvaguardar el sector».

UGT reclama, entre otras medidas, una revisión del contrato relevo, un plan estatal de formación en nuevas tecnologías, 32 horas semanales como fórmula de distribuir el trabajo y jubilación a los 60 años con coeficientes reductores para fomentar el ingreso de jóvenes en el mundo laboral.

También exige minimizar la temporalidad con un acuerdo estatal, y un convenio sectorial de referencia mínima para obligar a las empresas multiservicios o centros especiales de empleo que apliquen esos mínimos.