El informe pericial remitido al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, a cargo de las pequisas del denominado ‘caso Plus Ultra’, recoge en sus conclusiones «dudas más que razonables» de que la aerolínea cumpliera con todas las condiciones para ser rescatada por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En el documento de 499 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, el perito ha explicado que existen «dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía» a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, «sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública».
En este sentido, ha explicado que «Plus Ultra cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio ‘espectro’ de alguna de las mismas (…) excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en ‘situación de crisis’ a la fecha de 31 de diciembre de 2019».
En el marco del informe, adelantado por ‘El Mundo’, el perito ha advertido de la existencia de un préstamo participativo, así como del hecho de que no se registraron provisiones derivadas de ciertas contingencias. Ha avisado, también, de la cancelación de la deuda de los «bonistas» y de la «posibilidad de existencia de situación de insolvencia». Dichos hechos, ha puntualizado, «suscitan» las «dudas más que razonables» que refleja en el documento que aportado a la juez Esperanza Collazos.
Este informe pericial se suma a la causa en respuesta a la petición realizada por la instructora el pasado 14 de julio. La titular del juzgado reclamó verificar si se cumplían las condiciones establecidas en la propia Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
Con objeto de dar cumplimiento al informe encomendado, el perito forense contó con la información facilitada por el juzgado, en concreto, el expediente remitido por la SEPI.
LA INVESTIGACIÓN
Las conclusiones del perito tienen lugar después de que Plus Ultra confirmara en un escrito que no tiene aviones en propiedad y defendiera que es «manifiestamente imposible» que se hipotequen sus aviones –tal y como requería el PP–. La compañía defendió que era una práctica habitual de las aerolíneas.
En el marco del procedimiento, el pasado 9 de agosto el magistrado Jaime Serret –en funciones de guardia– acordó desbloquear el pago de 34 millones de euros que correspondían al segundo tramo del rescate a Plus Ultra. El juez consideró que la suspensión de la entrega del préstamo participativo podía «suponer el riesgo de insolvencia definitiva» de la aerolínea, lo que la obligaría a dejar de operar y crearía «un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado».
En aquella ocasión, el juzgado explicó que aunque «todavía no se ha producido ningún perjuicio a la Administración», se investiga la «hipótesis de haber entregado estos préstamos a una empresas en crisis sin ninguna posibilidad» de devolver los importes adquiridos.
El magistrado en funciones de guardia señaló que hasta entonces no había «indicios objetivos» del delito de fraude en la obtención de ayudas públicas ni de cohecho ni de tráfico de influencias, «salvo las alegaciones de las acusaciones populares».
