Un juez de Madrid ha preguntado a la Fiscalía si comparte abrir diligencias previas para investigar una denuncia de Plus Ultra que atribuye a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presuntas filtraciones de información sobre la causa judicial que indaga en el rescate de la aerolínea en pandemia.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular de la Plaza Número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid abre diligencias por presunto delito de descubrimiento de secretos y da traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre si está a favor de la incoación.

Lo hace porque, según la resolución, «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

EL ABOGADO RECUERDA QUE LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ BAJO SECRETO

En la denuncia, recogida por Europa Press, el abogado de Plus Ultra recuerda que la documentación sobre la investigación judicial a la aerolínea, causa que recientemente ha recaído en la Audiencia Nacional, se encuentra en estos momentos bajo secreto.

Una información, indica, que se obtuvo a raíz de un registro por parte de agentes de UDEF el pasado mes de diciembre en la sede de Plus Ultra, donde se intervino «abundante documentación» y «equipos informáticos de la compañía», precisa.

Al continuar secreta la causa, el letrado argumenta que «nadie», salvo la jueza instructora de Plaza de Castilla que ordenó ese registro, la Fiscalía y la Policía Judicial adscrita a la investigación, tiene acceso al procedimiento ni, «consecuentemente», a la documentación intervenida por la UDEF.

En febrero de 2026, prosigue, apareció «una supuesta información sobre la documentación intervenida en el procedimiento», lo que a su juicio demuestra que «funcionarios de la UDEF están mostrando y poniendo de manifiesto a terceros material judicial intervenido en los registros de una causa secreta».

«Los mencionados funcionarios se han desentendido de su deber de reserva, con plena conciencia de la tipicidad penal de sus actos, e incurriendo en comportamientos delictivos cuya gravedad rivaliza con la de los supuestos delitos que teóricamente investigan», aduce.

El letrado sostiene que «están actuando en contra de las órdenes recibidas de la autoridad judicial, y causando un daño incalculable, tanto a la propia investigación, como a los derechos fundamentales y a la reputación de las partes».