Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que reclama al Gobierno que garantice que todos los trabajadores puedan acceder a cursos de formación para el empleo de cualquier comunidad autónoma, y que sea el Servicio Público de Empleo (SEPE) el que asuma los costes de esta formación.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, la formación magenta recuerda que la normativa vigente establece como principio del subsistema de formación profesional para el empleo la unidad del mercado de trabajo, la libre circulación de trabajadores en el desarrollo de acciones formativas, y la colaboración y coordinación entre administraciones.
«Sin embargo, actualmente resulta difícil para un trabajador ocupado o desempleado participar en acciones formativas organizadas por comunidades autónomas distintas de la suya», lamenta UPyD, que apunta a dos causas para esta situación: la «inexistencia o limitación» de información centralizada sobre las distintas posibilidades formativas existentes y la «falta de coordinación» entre el Estado y las comunidades autónomas.
NO HAY INFORMACIÓN.
Y es que las únicas opciones disponibles actualmente para que los trabajadores encuentren información sobre acciones formativas en otras regiones es el enlace web del buscador del SEPE, que «incluyen un limitadísimo número de cursos», o el Portal único de Empleo, que tiene «fuertes limitaciones en lo que respecta a ofertas de empleo y no parece incluir oportunidades de formación».
«Esto deja a los trabajadores interesados en formarse ante la disyuntiva de descartar de entrada los cursos de otras comunidades o emprender una ardua búsqueda personal por las web de los distintos servicios autonómicos. Y finalmente queda la incógnita de si el servicio de empleo de turno estará dispuesto a dejar inscribirse en un curso propio a demandantes de empleo de otras comunidades», señala UPyD.
Así, se genera una «pérdida de oportunidades de formación y de un mayor aprovechamiento de los recursos públicos», sobre todo en las zonas limítrofes entre comunidades autónomas, que además suelen tener «estructuras productivas análogas» y «las mismas necesidades de formación para el empleo».
EL GOBIERNO TIENE LA RESPONSABILIDAD.
En estas circunstancias, la formación que lidera Rosa Díez recuerda que es el Gobierno central el que «debe revertir esta segmentación en la oferta de formación para el empleo» y «regular reglamentariamente el acceso de demandantes de empleo de una comunidad autónoma a acciones formativas de otra comunidad», así como «asumir los costes de la formación del trabajador en estos casos».
Por eso, reclama al Ejecutivo que «mejore los servicios públicos de empleo, garantizando la posibilidad de que un desempleado pueda participar en actividades de formación de comunidades autónomas distintas a la suya», y también que «mejore considerablemente la información sobre formación para el empleo que ofrece en su web», concentrando todas las ofertas existentes en el país.
Igualmente, la formación magenta quiere un reglamento que regule el acceso de demandantes de empleo de una comunidad autónoma a acciones formativas de otra, y que sea el SEPE el que «asuma los costes de la formación del trabajador en estos casos, transfiriendo fondos finalistas a las comunidades autónomas una vez que éstas acrediten la participación» de dichos ciudadanos en sus cursos.
EUROPA PRESS
