60 días hábiles. Ese es el plazo que ha dado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para vender los inmuebles que lleven 20 años o más siendo alquilados. Los propietarios tendrán que deshacerse de sus viviendas tras la entrada en vigor de un decreto, firmado el 28 de marzo, que contempla duras sanciones si no se cumple.

Quienes decidan mantener sus inmuebles en alquiler deberán pagar una multa de 2.000 Unidades Tributarias. Esto es, 254.000 bolívares o, al cambio actual, unos 29.000 euros. Además, esa cuantía deberá ser pagada en cinco días hábiles. De lo contrario, deberán abonar el doble. Si siguen en sus trece, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo del inmueble. Éste organismo será, precisamente, el encargado de determinar el «precio justo» de venta.

Los actuales inquilinos tendrán la prioridad para comprar esas viviendas.