Vodafone ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que afectará a un máximo de 515 empleados.
Los despidos se producirán principalmente en las áreas comerciales.
La compañía ha llamado a los sindicatos a comenzar el periodo de consultas a finales de septiembre con vistas a cerrar el expediente en octubre.
La compañía atribuye el recorte de empleo a las circunstancias del mercado español, marcado por una fuerte competencia y tendencia al ‘low cost’ que se tradujo en unas pérdidas de 432 millones de euros en 2020 para la filial española del operador europeo.
«La decisión de iniciar este procedimiento se justifica por razones económicas, productivas y organizativas, y está incentivada por la tendencia del mercado en el sector de las telecomunicaciones y
por la necesidad de mejorar su rendimiento operativo acelerando su estrategia de transformación digital», señala en un comunicado.
No obstante, la empresa ha señalado en un comunicado su compromiso de «crear nuevos perfiles» a lo largo del próximo año y ha recordado que su centro de investigación en inteligencia artificial en Málaga generará 600 empleos altamente cualificados.
SEGUNDO AJUSTE DEL SECTOR EN MESES
El ERE de Vodafone se trata del segundo que realizan las principales empresas del sector en meses después del llevado a cabo por Orange durante el verano y que se ha saldado con la salida voluntaria de 400 trabajadores de la empresa. De estas salidas, 234 fueron prejubilaciones.
En el caso de la empresa francesa, la negociación sindical se tradujo en la introducción del principio de voluntariedad y en una reducción de las salidas, así como un aumento de las prejubilaciones y mejora de las condiciones.
El sector de las telecomunicaciones lleva años perdiendo ingresos y empleos en España debido a la presión comercial que ha deteriorado los márgenes.
Las negociaciones comenzarán como tarde el 28 de septiembre
Las negociaciones del ERE de Vodafone, que afectará a un máximo a 515 personas, comenzarán como tarde el día 28 de septiembre, pocos días antes de que finalice el plazo legal, según han declarado fuentes sindicales a Europa Press.
UGT Y Comisiones Obreras han mostrado su rechazo al expediente de regulación de empleo que, aseguran, les ha cogido por «sorpresa» después de noticias como la creación de un centro de excelencia con 600 puestos de trabajo en Málaga.
En un comunicado, UGT ha criticado a la dirección de la empresa por un ajuste que encuadran en un contexto más amplio en el que, de cubrir su número máximo de afectados, se destruirían 3.500 empleos en la empresa en cuatro ERES en menos de una década.
«Una cifra que debería sonrojar a cualquier gestor que se precie y que rechazamos de plano», señala el sindicato en el comunicado, en el que califican el ajuste como «golpe a la economía digital» y un intento de «ocultar una gestión de sus dirigentes, que no son capaces de reconducir la marcha de la compañía».
Desde CCOO, se ha calificado como «brutal» el ajuste propuesto por la compañía, que no afectará al área de tecnología, lo que hace que las áreas afectadas, como la comercial, vayan a tener un impacto de en torno al 25% de los afectados.
En declaraciones a Europa Press, se ha alertado de la alta carga de trabajo que tienen los empleados de Vodafone desde los anteriores expedientes de regulación de empleo y se ha reivindicado la labor de los profesionales de las áreas no tecnológicas, «cruciales» para aspectos como preparar las solicitudes para los fondos europeos.
El sindicato ha propuesto a la empresa que se fomenten traslados de perfiles técnicos al área tecnológica para las posiciones para las que se está contratando, así como que se imponga la voluntariedad.
En la misma línea, también se pondrá sobre la mesa la posibilidad de prejubilaciones, aunque su impacto sería muy limitado, ya que estas fueron usada en los anteriores ajustes, con los que solo serían susceptibles de adherirse las personas que hayan cumplido 55 años en los últimos dos años, una cantidad «limitada».
DESTRUCCIÓN EMPLEO EN SECTOR
UGT ha cargado también contra el sector y el Gobierno a los que pide que no hablen del «milagro español de la fibra óptica» mientras «se desprecia a las personas que lo hacen posible».
«Ningún país de nuestro entorno, ni en el mundo, consiente que todo su capital humano y digital acabe engrosando las listas del paro», denuncia el sindicato, que recuerda que el sector ha perdido la mitad de su empleo en las dos últimas décadas, lo que supone más de 41.000 puestos de trabajo.
Entre las razones, el sindicato incluye la incapacidad del Gobierno para crear un marco regulatorio sostenible, ya que se premia a las «low-cost», un modelo que tilda de «parasitario».
«Mientras los legisladores y los reguladores sigan premiando a las operadoras low-cost, amparando un modelo injusto e irracional, será imposible que las nuevas tecnologías se instalen en nuestra economía», subraya el sindicato.
Por ello, el sindicato ha reclamado que se utilice la nueva ley general de telecomunicaciones y las ayudas europeas para parar la «sangría» de empleos en el sector.
COMPETITIVIDAD
La empresa ha justificado el ERE por la alta competitividad del sector que está afectando a sus ingresos y sus márgenes.
La compañía perdió 432 millones de euros en 2020 en España y ha emprendido un «reposicionamiento» de la empresa centrado en la digitalización y sectores como el Internet de las Cosas y el desarrollo de nuevos servicios.
Se trata del segundo gran ajuste del sector de las telecomunicaciones en España después del ERE de Orange, que se saldó con 400 salidas voluntarias.